¿Los hospitales psiquiátricos deberían dejar de existir?

¿Qué pasaría si se diera un micrófono a las personas que normalmente no escuchamos? ¿Si se transmitiera un programa de radio desde un hospital psiquiátrico?

Andrés Dinartes ha dedicado años a buscar la respuesta a estas preguntas. Desde el 14 de febrero del 2011, este psicólogo transmite el programa “Podemos Volar” desde el Hospital Nacional Psiquiátrico en Pavas. Este proyecto, que desarrolló como estudiante de psicología y que ahora maneja desde su puesto como docente interno en la Escuela de Psicología y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (UCR), comparte la perspectiva de pacientes de psiquiatría cuyas voces muchas veces no se escuchan. Dice Andrés que busca crear conciencia sobre los derechos humanos de los pacientes de una modalidad de tratamiento que, según él, es desactualizada y obsoleta.

Como parte de nuestra edición de junio, «Salud Mental«, Andrés conversó con El Colectivo 506 via Zoom sobre la historia de su iniciativa; la Política Nacional de Salud Mental y la Ley de Salud Mental que está baja consideración en la Asamblea Legislativa; y lo que considera debe ser el futuro del Hospital Psiquiátrico de Costa Rica. La conversación ha sido editada para brevedad y claridad.

¿Cómo nació «Podemos Volar», y qué busca con el proyecto?

El proyecto nace como una iniciativa de dos estudiantes de psicología que en ese momento éramos mi compañero Adrian Solís y yo. Ya habíamos llevado los cinco años de carrera. Yo me sentía muy decepcionado, porque sabía que me gustaba la psicología clínica, pero la mayoría de mis profesores se dedicaban al consultorio privado. Obviamente la psicología y en general el desarrollo de la salud mental en Costa Rica está muy “manicomializado”, muy centrado en la atención que se da en los hospitales psiquiátricos. Es una atención que es obsoleta, entonces tampoco estaba a gusto con esa forma.

Se creó una tercera vía, por decirlo de alguna manera, que fue proponer este proyecto radial dentro del Hospital Psiquiátrico, el cual diera voz a las personas o algunas de las personas que reciben atención en ese hospital. Empezamos en el 2010 a hacer una primera formulación, un documento. Luego ese documento lo llevamos al Hospital. Yo había hecho mi práctica del módulo de intervención en crisis allí, entonces había tenido supervisoras que conocía, y una de ellas fue a la que le fuimos a presentar el proyecto en primera instancia. Fuimos subiendo de nivel durante un año, dialogando con todo el hospital, dialogando, y luego de ese año el hospital nos solicitó un demo para una primera versión de cómo podría ser ese programa radial.

Del lado de los pacientes, ¿quién participa en el programa de radio?

El hospital siempre nos abrió las puertas del servicio diurno, que son personas que van en el día a talleres dentro del hospital y luego vuelven a albergues o a sus casas, pero siempre ha estado cerrado a grabar con personas que están internadas. Eso ha sido una divergencia entre nosotros en el proyecto y ellos, porque obviamente nosotros consideramos que al igual que en otras partes del mundo, las personas que están internas igual deberían tener la oportunidad de grabar. Pero el hospital no lo considera así.

Realmente el proyecto desde que salió al aire ha venido en crecimiento. Obviamente siempre hay como dificultades que enfrentar, principalmente hacia el modelo manicomio al que que no entiende la necesidad de vivir los derechos humanos dentro de estas instituciones. Pero por dicha el proyecto ha venido generando cada vez más conciencia alrededor del tema. Antes era un tema muy relegado y que definitivamente ha venido tomando importancia también porque obviamente las necesidades de salud mental cada vez son más claras, cada vez son más evidentes en el país.

¿Cómo se financia el proyecto?

Al inicio el financiamiento obviamente era nada más los precarios recursos de los estudiantes. Luego, dichosamente, cuando ya recibimos el permiso del hospital, recibimos el apoyo de la Radio de la Universidad [de Costa Rica]. Ellos daban el espacio en radio, los técnicos radiales para llevarlo, y dos años después la universidad también por medio de la Escuela de Psicología, lo vuelve un proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social. Luego se transforma hacer un proyecto de Trabajo Comunal Universitario, que esto abre la posibilidad de que estudiantes realicen horas de trabajo comunal dentro del espacio. Eso ha sido muy rico porque hay estudiantes de medicina, de ingeniería, de danza, de arte en general dentro del proyecto.

¿Cómo ha sido la reacción al proyecto dentro del hospital?

Hay una relación de poder entre los usuarios y los funcionarios. Hay algunas personas que no quieren arriesgarse a incomodar a funcionarios de participar en el espacio. En eso también decir hay funcionarios que les encanta el proyecto, que les parece muy valioso, pero hay otros funcionarios que no les parece valioso que exista y no les gusta lo que el proyecto realiza.

El proyecto siempre ha tenido claro la defensa de los derechos humanos dentro de esos espacios. Entonces, en algunos momentos críticos, el programa obviamente ha apoyado a las personas usuarias y no se ha plegado ante la visión institucional de estos temas. Ejemplo de ello fue el año pasado que hubo denuncias muy graves a violaciones a derechos humanos dentro del hospital, y nosotros hicimos dos horas de «Podemos Volar» dedicadas exclusivamente a esos testimonios. Obviamente al hospital no le agradó que nosotros hiciéramos esa clase de programas, entonces eso ha sido parte de las tensiones del espacio.

Más bien escuchando todo eso, mi próxima pregunta sería ¿cómo siguen ahí?

Yo creo que lo que ha pasado con las direcciones es que ellos no se atreven a cerrar el proyecto porque saben que eso sería evidenciar que ellos no tienen una visión respetuosa de los derechos humanos. El proyecto ha ganado relevancia; la validación ha venido de afuera, de la universidad, de las organizaciones. Llevábamos apenas siete meses de haber salido al aire y la Defensoría de los Habitantes nos dio una mención de honor dentro del Premio a Mejoramiento de la Calidad de Vida. Fue algo importante, y el proyecto ha venido creciendo.

Usted habla de la transformación que ustedes quieren ver en el Hospital. ¿Cómo se ve esa transformación?

Desde el 1990, Costa Rica se comprometió en la Declaración de Caracas, una declaración internacional que sacó la Organización Panamericana de la Salud, que es la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. En esa declaración dice que la atención psiquiátrica debe ser participativa, descentralizada, respetuosa de los derechos humanos, que debe estar en las comunidades—y que justamente la atención basada en hospitales psiquiátricos es completamente contraria a esos objetivos.

Además, dice que la atención basada en hospitales psiquiátricos tiene una serie de problemas enormes, porque, por ejemplo, desarraiga a las personas de sus comunidades, dando una atención completamente centralizada. En Costa Rica, personas de Guanacaste o Limón que tengan que venir hasta San José para atención especializada: es completamente un error.

Otra cuestión que señala la Declaración de Caracas es que se invierte mucho dinero en estos servicios centralizados y entonces no se pueden destinar recursos para servicios fuera de San José.

Y por último, obviamente el Hospital Psiquiátrico es un hospital escuela. Entonces muchas personas se forman en psiquiatría, en el hospital, basados en ese modelo, entonces el modelo se reproduce a sí mismo.

La Declaración de Caracas son tres páginas. No hay pérdida en cómo entender esa declaración. Costa Rica tiene 32 años de haberse comprometido internacionalmente para hacer esos cambios y no hemos visto nada. Y eso también nos dice que tenemos 32 años de ser completamente obsoletos en la atención en salud mental.

Nosotros en ningún momento defendemos que el hospital se tiene que cerrar de hoy para mañana. Si cerramos los hospitales, muchas personas que requieren atención no la tendrían. Lo que exigimos es que si nos comprometimos hace 32 años a hacer una atención en comunidad, ¿donde está esa red de servicios que debería existir para que no dependamos del hospital psiquiátrico? Solo existen algunos pequeños módulos medio-creados en estos 32 años.

Se tiene que crear esa red fuerte de atención en salud mental, y que esa red se evalúe. Solo entonces se tiene que dar un cierre del hospital psiquiátrico. Muy probablemente esto puede tomar de 5 a 7 años si se hace de una manera efectiva y bien elaborada. Pero si no empezamos hoy, vamos a durar otros 32 años diciendo “No lo hicimos, no lo hicimos, no lo hicimos”—y como bien lo señalan los índices actuales de atención en salud mental, van a seguir muriendo personas. Va a seguir sufriendo la gente porque su atención en salud mental no es efectiva.

Si se diera esa cierre, las personas que sí requieren una atención 24/7, ¿se acomodarían dentro de los hospitales?

Nacionales, sí. Si alguien requiere servicios especializados en Costa Rica, de cardiología por ejemplo, hay unidades de cardiología en el Hospital México, en el Hospital de Puntarenas, en el Hospital de Limón. [Pero] las personas que necesitan atención en salud mental los hemos enviado exclusivamente a Pavas.

La Política Nacional de Salud Mental 2012-2021 habla de crear esa red comunitaria de la que usted habla. ¿Considera que ha quedado totalmente en el papel?

Ya en su concepción, esa política era conservadora, porque en ningún momento cuestiona la atención en los hospitales psiquiátricos. Parte de que los hospitales psiquiátricos van a seguir existiendo. En el pronunciamiento que nosotros hicimos sobre la Ley de Salud Mental, hacemos ese cuestionamiento.

El problema en Costa Rica es todavía más amplio que simplemente una política. Es una cultura profesional de psiquiatras, de psicólogos principalmente, que han sido formados en una manera de entender la salud mental, dependiente completamente de los hospitales psiquiátricos. Las personas que formularon la Política Nacional de Salud Mental, las personas que tuvieron la oportunidad de participar de la Ley Nacional de Salud Mental, son personas que fueron formadas bajo ese modelo. Entonces no pueden imaginarse lo que es realmente hacer una red de atención en salud mental.

La Contraloría General de la República hizo un informe en el 2018 sobre la Política Nacional de Salud Mental y dijo claramente que muchas de las acciones de esa política quedaron completamente inconclusas. Es la Política 2012-2021; se tenía que actualizar el año pasado no se actualizó, ¿verdad? Entonces yo creo que eso habla de la poca importancia que le damos realmente a la salud mental. (Lea más sobre el estatus de la Política Nacional de Salud Mental en El Colectivo 506.)

La mayoría de reformas en salud mental [en otros países] han venido porque el sector social es el que exige a los gobernantes. Aquí en Costa Rica, desgraciadamente, las organizaciones vinculadas a la salud mental han sido muy sumisas frente a los profesionales.

Culturalmente, Costa Rica tiene dentro de su imaginario que es un país de paz, aunque Costa Rica es muy violento. Ese imaginario de paz implica que la gente no se organice, no se manifieste, no exprese su descontento de una manera organizada. Y existe como un respeto, una incapacidad de poder cuestionar a los profesionales en esa vía.

Hay esa visión en Costa Rica como que el paciente tiene que ser el calmado, el que se porta bien, el que no reclama, el que cuando un psicólogo o un psiquiatra le dice algo tiene que escuchar, quedarse callado y aceptar. Y en “Podemos Volar” hacemos todo lo contrario. Los usuarios tienen derecho a enojarse. Los usuarios tienen derecho a decir lo que piensan. Ellos no tienen por qué aceptar todo lo que [los profesionales] dicen.

¿Entonces, qué sigue?

Tenemos enormes falencias y enormes dificultades. No va a ser fácil. Pero apelamos a un derecho a la salud mental efectivo. Porque si vos vas ahora a pedir a la Caja, te van a dar una cita de un año o dos años incluso. Y no: la atención tiene que ser ya. Si usted necesita atención, tiene que ser ya.

Con la Ley de Salud Mental, estamos organizando acciones para ir a entregar a cada uno de los despachos de las y los diputados para que ellos se informen. Nos vamos a oponer.

Nos sorprende que exista como silencio o no activación de muchas organizaciones respecto a este tema. Se intentó pasar una reforma a la Ley 7600, que rige a los aspectos más importantes de discapacidad en Costa Rica, y muchas organizaciones se opusieron a esa reforma porque justamente no fue consultada de manera debida. Creo que hay un sector de discapacidad principalmente física, que está muy bien organizado. En cambio, todo lo que tiene que ver con la discapacidad psicosocial, que incluye todo este tema de trastornos de conducta, no está tan organizado.

Estamos deseosos de que otras personas se unan en esto.

Salud mental en Costa Rica: Introspección