La mañana del domingo 11 de junio del 2017, cientos de personas, perros, gatos, y hasta un gallo, tuvieron una gran celebración. Ese día, después de una marcha de 400 m por el corazón de San José, en una plataforma donde altos funcionarios de gobierno de Costa Rica se mezclaron con animales y activistas, el entonces Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, firmó la Ley 9458 Contra el Maltrato Animal. Esta ley es la reforma a la Ley 7451 de Bienestar de los Animales y la reforma a la ley 4573 del Código Penal.
Después de muchos años de discusión, al punto de haber sido tema central de la campaña electoral que llevó a Luis Guillermo a la presidencia tres años antes, existía finalmente en Costa Rica una ley que establece sanciones económicas y de cárcel para quienes no provean de las condiciones mínimas para garantizar el bienestar de sus animales, les maltraten o les causen la muerte. Antes de eso, la Ley 7451 y su brazo dentro de la Ley 4573 establecían obligaciones y sanciones superficiales.
La actividad esa mañana de junio fue en grande. Liderada por Duke—un perro que perdió parte de su hocico en una agresión—unidades caninas de diferentes entidades de gobierno, cientos de representantes de grupos animalistas y rescatistas, y familias con sus mascotas, convivieron, cantaron, jugaron, se bañaron y hasta bailaron con las presentaciones de los músicos costarricenses Balerom y Marfil.
«Hoy es un día muy especial para los costarricenses”, dice el presidente durante el evento según La Nación, “porque estamos acá como una sola familia. Somos conscientes de que hemos traspasado un umbral de un largo camino hacia un mejor momento que se irá construyendo paso a paso ahora con una ley que garantiza que se perfeccionen los mecanismos, y que se mejoren la prácticas».
La ley ha tenido cuatro años y nueve meses para andar parte de ese largo camino. ¿Cuántos pasos se han dado? Y ¿han sido suficientes? Aunque los números muestran resultados, las conversaciones sostenidas por El Colectivo 506 con muchos de los organismos involucrados nos dicen que la ley necesita mucho mayor respaldo para lograr el impacto que se buscó ese domingo de junio del 2017.
La ley en números
En Costa Rica, cuando se trata de bienestar y seguridad animal e inocuidad de producción animal para alimento, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es el órgano responsable.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) es quien, según su Ley Orgánica, “por iniciativa propia, por denuncia o por orden de autoridad competente, procederá a investigar los delitos de acción pública, a impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, a identificar y aprehender preventivamente a los presuntos culpables, y a reunir, asegurar y ordenar científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios para la investigación”.
Es por eso que, desde la firma de la Ley 9458, son estas las dos entidades que se han visto responsables de implementarla.
Según información proporcionada por la Dra. Iliana Céspedes del Programa de Bienestar Animal de SENASA, sólo en el año 2021 su departamento recibió 4.413 denuncias relacionadas con animales de compañía. Estas incluían casos de acumuladores, cría de animales de pelea, malos olores, mordedura animal-animal y animal a persona, ruidos y ventas irresponsables. Esta cifra ha oscilado, desde el año 2012 que existe este programa, entre las 3.000 (en el año 2020) hasta 6.000 denuncias anuales.
Iliana explica que desde que inició el programa, todas estas denuncias las debe atender su departamento, que es unipersonal. Cuando ella no puede atender una denuncia o no puede atenderla sola, debe solicitar la asistencia de uno de los ocho Enlaces de Bienestar Animal. Estos enlaces tienen la responsabilidad no sólo de atender denuncias sobre animales de compañía, sino también de asegurar que la producción y venta de animales de consumo ocurra de manera segura para la salud humana y respetando el bienestar de esos animales.
Ahora bien, aunque hay muchas denuncias, ninguna de las que se han atendido y tramitado han generado multas o sanciones.
“Hasta la fecha, los procesos administrativos que nos corresponden a SENASA, ninguna de las sanciones emitidas ha llevado ni un centavo al programa de bienestar animal”, dice Iliana. “El Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador (TPAS) del SENASA, que es el encargado de implementar las multas. No tienen cómo notificar a la gente, y si se le notifica tres veces y la persona no paga, no se le puede embargar nada. Si hubiera interés político esto se mueve, porque todos nosotros somos empleados”.
A nivel judicial, la estadística es un poco diferente.
Según datos proporcionados a El Colectivo 506 por el Departamento de Prensa del OIJ, de agosto del 2017 a febrero del 2022, este organismo ha recibido 994 denuncias oficiales a nivel nacional por infracción a la ley de bienestar animal. La cifra mayor se alcanzó en el 2021 con 217 denuncias, y en 2022 ya se registran 64.
Además, los datos segregados muestran que la mayoría de las denuncias ocurren en la provincia de San José (286) y Alajuela (149). Los tipos de delitos denunciados son maltrato animal (233), daño a un animal doméstico o domesticado (194), abandono de un animal doméstico a sus propios medios (24), muerte de un animal (9), actos sexuales con animales (7) y visección de animales con fines distintos de la investigación (3).
La ley en acción
Desde el 2017, los tribunales de justicia de Costa Rica han realizado seis procesos penales que han resultado en dos absolutorias y tres condenas.
“Con los tres procesos que ha ganado nuestra organización ya se ha generado jurisprudencia”, dice Juan Carlos Peralta, presidente de la Asociación para el Bienestar y el Amparo Animal (ABAA), una organización que ha liderado los esfuerzos para la creación e implementación de la ley. “Son dos jueces, en estos tres procesos”.
La primera condenatoria ocurrió en el año 2020 en los Tribunales de Pavas, cuando un indigente de apellidos Rojas Araya fue condenado a un año de cárcel por abuso sexual de una perra. Dos mujeres fueron testigos del caso, y según relata la prensa nacional, sus testimonios de lo ocurrido en Octubre del 2017 fueron determinantes para el caso.
En febrero de este año, dos juicios distintos, ambos en Alajuela y con el mismo juez, encontraron a las personas culpables de maltrato y muerte animal.
El primero fue a principios de mes y condenó a tres meses de prisión y cinco años de prueba sin cometer otro delito doloso a un hombre de apellidos Gonzáles Araya por amputar la pata de un perro con un machete en abril del 2020. Durante el juicio, el hombre aceptó los cargos.
En el segundo caso, un juicio muy mediático, un matrimonio de apellidos Espinoza Leslie y Zúñiga Palladino fueron condenados a dos años de cárcel en el Juzgado Penal de Alajuela por muerte animal de una perra que, según los relatos publicados en la prensa de los testigos del caso, sufrió grandes torturas para luego morir amarrada con una correa tan corta que no le permitía ni sentarse ni acostarse, en setiembre del 2017. La pareja también recibió una condena civil que les obligará a pagar un monto de dinero a los querellantes.
A pesar de la sentencia, la pareja deberá ejecutar la pena condicionalmente. Es decir, no deben ir a prisión, pero el juez ordenó que no pueden tener un animal doméstico por cinco años, y de no cumplir con esta orden, deberán cumplir su pena en la prisión.
Pero no todas las pocas historias que han llegado a juicio han tenido estos desenlaces.
Los otros tres casos que se llevaron a juicio para aplicar la ley 9458, ambos por maltrato animal, en el 2018 en Guanacaste y en el 2019 uno en Atenas y otro en Heredia, encontraron a las personas acusadas no culpables. En el caso de Guanacaste, el tribunal consideró que no podía determinar que el acto de agresión que llevó a cabo un hombre sobre un perro con una motoguadaña fue intencional, según reporta la prensa. En el caso de Heredia, el juez dictaminó una absolutoria por duda de la culpabilidad del imputado.
En el caso de Atenas, la historia es similar.
Una ley para valientes
A finales del 2017, la Fundación Ateniense de Ayuda a Animales Abandonados interpone una denuncia contra una mujer que tenía a un cachorro amarrado al punto de provocarle heridas en todo su cuello.
“El perrito había sido amarrado con un cordón de zapatos”, me cuenta Dora Castro Herrera, presidenta de la fundación, quien recibió el llamado de alerta de la agresión y fue a buscar al animal junto a otra miembro de la fundación, Isabel Aguilar. “Al estar jalando, como un cachorro hace, se iba tachando hasta incrustarse el cordón en su cuello. El perrito duró internado alrededor de tres semanas”.
El hermano de la entonces dueña del perro fue el que alertó a Dora por medio de mensajes de texto.
“Él estaba tan molesto”, recuerda Dora, “porque ya le había advertido a su hermana que no tuviera perros, y el pobre cachorro tenía que estar amarrado. Yo para reforzar lo que él me decía le pido un video. Ese video para mi fue impactante”.
Entonces Dora, Isabel—quien adoptó a Campeón, el perrito maltratado—y otros miembros de la fundación decidieron proceder con la denuncia.
“En muchos de los casos [de maltrato animal], que lo digan los rescatistas, muchas veces cuando usted encuentra el perro, lo encontró en la calle y no hay un culpable”, explica Dora. “Hay gente tan pendeja que sabe quién hizo las cosas y calla. En este caso sí sabíamos quién era el dueño. Creímos tener todos los ingredientes o las pruebas para hacer la denuncia.”
Sin embargo, cuando llegó el juicio en el 2019, el hermano de la imputada no se presentó a declarar, y el juez absolvió a la mujer acusada porque no habían pruebas para determinar que ella era la que había amarrado al perro.
“Siempre es una impotencia. Siempre es la historia a medias”, concluye Dora. “Y la única [historia] que tuvimos completa, que fue la de Campeón, ¡vea el final! Entonces fue una mala experiencia para nosotras como rescatitas”.
La abogada Maricruz Uba, quien ha representado animales maltratados en 21 denuncias, incluídos cinco de los casos que han ido a juicio, proporcionó a El Colectivo 506 un listado detallado de las mismas. Nueve de ellas han terminado en sobreseimiento: es decir, el proceso no continuó “por falta de elementos probatorios” o “por la ausencia de testigos que quisieran declarar”. Esta última es la causa más común por la cual muchas de las denuncias no proceden a juicio.
“Madre y hermana, testigos de los hechos, aceptan dar su testimonio pero luego se niegan por miedo al sujeto”, escribe Maricruz. Describe otra denuncia así: “Nunca se pudo notificar, y a pesar de que habían muchos testigos, todos vecinos del sujeto, solo una testigo fue entrevistada por el OIJ, debido a que el resto de vecinos fueron presa del miedo, y no se dejaron localizar”.
A pesar de estas experiencias, Maricruz no deja de ver logros positivos en las denuncias hasta ahora. Está liderando legalmente siete denuncias más, esperando que para esos casos si se pueda, al menos, llegar a juicio.
“[Campeón] fue el primer perro que estuvo presente en una sala de juicio de los Tribunales de Costa Rica, y que respetando sus necesidades fisiológicas y de esparcimiento, se programaron varios recesos para que Campeón pudiera salir a dar un paseo, estirarse y orinar”, señala Maricruz.
Dora dice que su experiencia le ha reforzado su filosofía de acercarse a las personas que practican tenencia irresponsable de animales para tratar de fomentar un cambio o convencerles de poner el perro en adopción: “Si yo voy a pelearme con este señor o señora y no me voy a traer el perro, lo que voy a lograr es que el perro sea más agredido”.
Para ella, negociar con la persona que abusa puede tener más efecto que poner una denuncia.
“Casos [de maltrato animal] hay, pero usted sabe a dónde la lleva el final de la carretera: a un lugar sin salida, donde usted se vuelve para atrás después de haber perdido su tiempo, triste, abandonada”, dice. “Mas sin embargo, el animal [maltratado] no ha dejado de ser atendido”.
El Colectivo 506 y el bienestar animal
“La grandeza de una nación y su progreso moral pueden juzgarse por la forma en que se trata a sus animales», decía Mahatma Gandhi, una frase que se ha convertido en insignia de las organizaciones animalistas y que se miró en muchos carteles en las marchas por el bienestar animal que precedieron la firma de la ley 9458.
Nuestro medio de comunicación quiere reportar sobre soluciones a problemas que afectan la vida de Costa Rica. No podemos dejar de preguntarnos si ¿habrá una mejor solución que la creación de una ley que busque protección y justicia para los más indefensos? Después de todo, venimos de mirar a nuestra Asamblea Legislativa por un mes en la edición de marzo, La Alineación, y cómo los 57 diputados que construyen y aprueban las leyes de nuestra nación, logran priorizar y representar las necesidades de toda la ciudadanía.
Lo que nos ha revelado el trabajo de nuestra edición de abril, Convivencia Animal, es que aunque la creación de una ley debería ser una solución robusta, su implementación es muy compleja y muchas veces no se contempla a la hora de crear la ley. Consecuentemente, los resultados no son siempre los deseados.
Aunque los números y las acciones que hemos citado aquí parecen ser positivos, la próxima semana reportaremos más sobre las implicaciones que ha tenido esta ley en funcionarios públicos de SENASA y OIJ; en activistas de organizaciones no gubernamentales; y en general, en todas las personas de la sociedad civil. También exploraremos cómo las limitaciones alrededor de esta ley son más fuertes que sus logros.
Y hablaremos de todo lo que se ha podido aprender en estos cuatro años y nueve meses.
En lo que resta del mes de abril en Convivencia Animal, vamos a continuar visibilizando otras acciones que se llevan a cabo en nuestro país, a nivel gubernamental y civil, para que nuestros animales tengan bienestar, y quizás con el paso del tiempo logremos decir que la grandeza y la moral de nuestra nación es cada vez mejor.
