Los femicidios no se predicen – pero sí se prevén

La segunda de tres partes en nuestra serie sobre el femicidio en Costa Rica. Lea la primera parte aquí. 

En los últimos dos años, Costa Rica sepultó a 35 mujeres que fueron víctimas de femicidio: 16 en 2019 y 19 en 2020. Esos 35 casos ocurrieron en 29 cantones diferentes. 

¿Alguien podría preverlos? Lo más probable es que no. 

¿Podría alguien hacer algo para prevenirlos? Sí, era cuestión de mirar con atención. 

No existe un único tipo de violencia por motivos de género. Tampoco existe una única forma en que se manifieste. Es un tema complejo a nivel de análisis de datos de todas formas, pero en Costa Rica debemos  agregar un reto más: la especialización temática del Estado hace que instituciones distintas atiendan y entiendan las problemáticas de forma distinta. Cada una de ellas tiene la facultad de “dividir” el territorio nacional con criterios propios y desvinculados a las demás. 

Cualquier persona, como yo, que quiera comparar datos entre instituciones, enfrentará grandes dificultades sin importar el tema.

Vamos a ver por qué sucede esto. El sistema educativo formal de Costa Rica nos enseña que Costa Rica se divide en 7 provincias. Cada provincia que a su vez se divide en entre 6 y 20 cantones; cada cantón, entre 1 y 16 distritos. Es un sistema de ordenamiento lógico y conveniente. Pero la institucionalidad no le saca provecho.  

Cada ente público tiene la facultad de definir áreas o regiones de trabajo para los temas que le competen. Al no existir criterios universales ocurren cosas como que la división de áreas de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social no empata con la división por juzgados del Poder Judicial. Y en esa misma dirección, ninguna de las dos es equiparable a las regiones socioeconómicas que usa el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Cada una es su propia isla de conocimiento… útiles, pero con limitadas opciones de cooperación entre sí.  

Mucha gente podrá pensar que las estadísticas y los datos sólo son útiles para pocas personas. Son números que comentan los expertos en televisión o los políticos en sus discursos. Eso es solo una parte del uso de los datos numéricos: ellos nos permiten medir la magnitud de ciertos fenómenos que de otra forma sería difícil apreciar. Si juntamos varios datos, podemos construir un panorama articulado y sistémico de un fenómeno en específico. Entender el problema a ese nivel puede permitir que se planteen soluciones. En el caso de los femicidios, esas soluciones podrían salvar vidas de mujeres. 

Los femicidios se caracterizan por ser procesos de violencia graduales, en los que existía una relación desigual entre el hombre y la mujer a la que éste decide asesinar. Las señales de esto solo podrían conocerlo los miembros de la pareja y algunas personas allegadas. Sin embargo, sí es posible ver patrones cuando se trabaja con estadísticas que podrían indicar en dónde intervenir. 

Si todas las instituciones públicas recopilaran sus datos con una única división territorial, podríamos hacer análisis de datos mucho más complejos y específicos. Podríamos pasar de las ideas generales o los prejuicios a tomar decisiones basadas en la evidencia pertinente. En vez de reaccionar a los femicidios, podríamos atender las situaciones que ponen en riesgo a las mujeres. No solo podríamos evitar que las maten, si no que podemos mejorar la calidad de vida de miles de personas. 

Para explorar este tema para El Colectivo 506, yo tuve que armar — por que los datos estaban dispersos — una forma para entender cómo se relaciona la violencia contra las mujeres y otros indicadores del país. Algunos análisis fueron sencillos, porque las bases de datos estaban ordenadas. Otros tuve que hacerlos a mano, en un cuaderno, viendo el mapa de Costa Rica. Estamos en el 2021, no hay motivo para que ese esfuerzo no pueda hacerlo cualquier persona con ayuda de una computadora. 

La buena noticia es que el hecho de que nadie haya estandarizado aún la forma de recoger los datos significa que la evidencia está ahí, aunque dispersa. Si las organizaciones no logran ponerse de acuerdo para analizar  una problemática en conjunto, tampoco se pueden poner de acuerdo para esconderla.

El ejercicio aplicado a esta experiencia

En Costa Rica la definición legal y jurídica de “femicidio” es el asesinato violento de una mujer por el hecho de ser mujer, en la que existió alguna dinámica desigual de poder. Muchos textos hablan de “feminicidio” cuando esa muerte implica agresiones previas y la inacción del Estado por garantizar la seguridad de las mujeres. 

El femicidio es un proceso de violencia que progresa en el tiempo. La forma de ver los feminicidios antes de que ocurran, es saber de qué forma se está violentando a las mujeres en el presente. Es decir, hay que estudiar los factores de riesgo que incrementan la posibilidad de las mujeres de sufrir violencia de parte de su pareja. Pero ¿cómo identificarlos? 

Una universidad española revisó 33 estudios diferentes y encontró 46 diferentes indicadores de riesgo para la violencia contra la mujer en parejas. De esos 43 indicadores, mi investigación me permitió hacer una correspondencia entre 18 de ellos y datos públicos con los que cuenta Costa Rica. En esa revisión, tomé en cuenta las diferencias geográficas, para ver la diferencia entre regiones.

Además de esos 18 indicadores, también podría haber considerado el nivel de desarrollo del país, o los derechos políticos de las mujeres; pero en Costa Rica estos indicadores solo se miden a nivel país y promediando la realidad tan dispar de nuestro territorio. De hecho, los indicadores país de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacen eso, e invisibilizan lo que ocurre fuera de la región central. 

Una vez que identifiqué los factores, revisé su comportamiento durante el periodo 2015 – 2019. Eso me permitió calcular el valor promedio por año e identificar aquellas zonas en las que el valor reportado era mayor al del promedio país para cada uno de los años. Finalmente comparé estos resultados con la cantidad de casos de femicidios reportados o aún por clasificar durante 2019 y 2020. 

Al analizar los 35 femicidios de los últimos dos años por cantón, vemos que 29 de ellos ocurrieron en 23 cantones con valores peores al promedio del país en cuatro métricas – de las 18 mencionadas – que se relacionan con la violencia interpersonal hacia las mujeres: el Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHc), el porcentaje de mujeres con algún tipo de educación secundaria, la cantidad de matrimonios con mujeres menores de edad, y una mayor cantidad de mujeres menores de 35 años. 

¿Qué querrá decir esta data? Si la gran mayoría de estos femicidios ocurrieron en  cantones que presentan valores tan negativos en estos cuatro indicadores, ¿puede esa información darnos insumos sobre la realidad de las mujeres en esos cantones? ¿Se podrá trabajar en la prevención de situaciones de violencia contra las mujeres con base en esta información?. 

Educación y empleo

Un componente importante de cualquier estudio territorial en Costa Rica es el Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDHc). Este indicador es complejo, para obtenerlo se promedia la esperanza de vida, la posibilidad de estudiar y un nivel de vida digna de cada cantón. Entonces, estadísticamente hablando, el IDHc es un reflejo de cuánto se espera que vivan las personas y que tengan una relativa calidad de vida al contar con herramientas para conseguir un empleo y por tanto, suplir sus necesidades.  

Para este indicador, la variable educación es muy importante. Ahora bien, los Datos del Ministerio de Educación Pública (MEP) revelan alguna información sobre la educación en Costa Rica, como por ejemplo que entre 2015 y 2020 se matriculó una mayor cantidad de mujeres que de hombres. Pero el dato no dice nada sobre las personas que no matricularon, y tampoco refleja la calidad de la formación que reciben las personas que sí matricularon. Un dato que sí podemos analizar a nivel de cantón, y que incluí en mi análisis, es el porcentaje de mujeres con algún tipo de educación secundaria: en los cantones con femicidios en Costa Rica, ese porcentaje es de 39%.

De esos factores de acceso a la educación, entre otros, depende la empleabilidad. Y la lliteratura especializada coincide, de forma recurrente, que la empleabilidad es clave para prevenir la violencia contra las mujeres. 

Referirse al empleo es, de cierta forma, referirse a la independencia financiera. Las personas que trabajan obtienen un salario que les permite adquirir bienes y servicios. Tener un trabajo evita tener que pedirle dinero a otra persona para suplir necesidades básicas. También significa que la persona no depende de una transferencia o ayuda de parte del Estado, fondos que podrían acabarse en algún momento. 

La violencia crece con los años

Lo que si podemos ver con la data que existe, aunque sea a nivel nacional, es que las situaciones de violencia contra las mujeres documentadas han presentado un fuerte crecimiento entre 2015 y 2019. 

Las métricas que nos muestran este hecho son las que miden la cantidad de casos que ingresan a una sede judicial por un delito motivado por género, específicamente violencia doméstica, delitos sexuales y pensiones alimentarias. Que haya un aumento de casos tramitados por el Poder Judicial en los últimos años, puede sugerir o que hay una mayor incidencia de esos delitos o bien, que hay una mayor cantidad de personas denunciando. Incluso, ambas condiciones pueden ser ciertas. 

Una desventaja de esa información es que el Poder Judicial organiza la cantidad de casos trabajados con una organización territorial diferente a los que aprendimos en la escuela. En vez de dividir los territorios por cantón y distrito, utiliza “circuitos judiciales” y “juzgados”. Aunque se pueden agrupar los juzgados por provincia, no se pueden comparar indicadores cantonales para entender cierto comportamiento en territorios específicos. 

Como el sistema de división territorial que utiliza el Poder Judicial no corresponde a la división administrativa del país, no podemos vincular la incidencia de los delitos con otras variables geográficas como las que analizamos anteriormente, impidiendo analizar cuáles factores podrían estar influyendo en mayor proporción para agravar estos casos. 

Al final, el objetivo de tener datos que sean comparables entres sí es poder diseñar políticas públicas a nivel local que intervengan ciertas condiciones específicas. Por ejemplo; si un cantón (o hasta un distrito) tiene poca participación femenina en el mercado laboral y también sabemos que allí  muchas de esas mujeres dependen de pensiones alimentarias, podemos generar algunos programas locales y de fácil acceso para promover la capacitación para estas mujeres y ayudarles a conseguir un empleo. 

Al generar estas políticas, no sólo estaríamos mejorando la vida de esas mujeres y sus familias, pero la data podría mostrar, con el tiempo, que también logramos disminuir las muertes violentas contra las mujeres.  

Medir mejor la violencia contra las mujeres: una decisión país

No es usual que quien ejerce el periodismo, particularmente el periodismo de datos, escriba en primera persona. Sin embargo, para contar esta historia, me di cuenta que había que romper esa regla. En este caso no importa solo la conclusión, si no todo lo que fue necesario hacer para llegar a ella. 

Si bien esperaba usar las últimas líneas para recapitular los hallazgos más importantes y usar lenguaje técnico que fuera muy concluyente, eso no fue posible. Tampoco hubiera sido prudente. Tiene más valor compartir qué salió mal, qué fue frustrante y qué podría mejorar. 

Ante la frustración, busqué ejemplos en otros lugares del mundo donde los datos relacionados con este tema se manejan con el objetivo de lograr una reducción de la violencia. Encontré un caso interesante y reciente en España (2020), en el que se usó machine learning. Este es un tipo de análisis automatizado que se basa en la inteligencia artificial para que un sistema “aprenda” de un conjunto de datos y llegue a mejores conclusiones que un ser humano. Permite a las autoridades reaccionar más rápido a cambios en las estadísticas, algo esencial en temas tan cambiantes y complejos como la violencia contra la mujer.

Sin embargo, el caso español no es replicable en nuestro país debido a las limitaciones de nuestras bases de datos, particularmente la fragmentación geográfica. La otra limitación es que algunos valores se miden una vez por año o hasta cada cinco años, entonces la predicción no sería tan precisa, cómo sería si se midiera por mes o trimestre. 

Me gustaría destacar que gracias a los documentos del Observatorio de Violencia de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, pude desagregar a nivel de cantón y vincular los casos de femicidios a provincias o regiones concretas. Sin embargo, ese trabajo debí hacerlo a mano, con mucho cuidado y observando muchas pantallas al mismo tiempo: en una la lista de casos, en otra el mapa de Costa Rica, en otra mi hoja de cálculo. Ese tipo de trabajo manual no debería ocurrir en el análisis de datos. 

Hay mucho espacio para mejorar la calidad de los datos que tenemos en el país. De momento, no nos queda más que trabajar con los datos que tenemos. Podemos usar los indicadores regionales y provinciales para acotar geográficamente y los cantonales para acotar aún más y agregarle una dimensión temática. Hacer ese ejercicio multinivel tendría un impacto positivo en cuanto que podría promover la cooperación entre territorios vecinos. Ante la ausencia de una figura de gobierno provincial o regional, podemos instar a los gobiernos locales vecinos a trabajar por un bienestar colectivo, que impacte positivamente la vida de las mujeres.

Pero también debemos trabajar para lograr cambios más ambiciosos que nos permitan tener datos más precisos, mejor medidos, comparables entre sí y sobretodo, sujetos de métodos más complejos de análisis de datos. 

¿Cómo cambiaría Costa Rica si se pudiera comparar los datos de una institución con los de cualquier otra?

¿Cómo cambiaría el país si contáramos no solo con un Sistema de Estadística Nacional, sino también con un trabajo conjunto entre todos los departamentos de estadística de las instituciones públicas para conciliar la forma en que cada una de esas instituciones mide sus variables?

¿Cómo cambiaría el país si la Asamblea Legislativa destinara presupuestos a la investigación cuantitativa para que las encuestas que se hacen cada cinco años se hagan con más frecuencia, y para que todas las instituciones pudieran aprovechar los datos para diseñar mejores estrategias?

Soñar es gratis. Y en este caso, es esencial. Más y mejores datos impactan en términos de democratización de la información. En la calidad de nuestras políticas. En la calidad de nuestras decisiones económicas y financieras. 

En la vida y en la muerte.

Entre todas las cosas que podemos hacer si conversamos más sobre estos temas y mejoramos nuestro manejo de este tema, también podemos proteger las vidas de las mujeres y hacer valer sus derechos. Tenemos la evidencia de que ellas están siendo violentadas. Aquí la gran pregunta es: ¿cuánto más vamos a evitar tomar mejores decisiones para cambiar eso?