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Los recicladores son héroes invisibles en la Economía Circular

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Según el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), Ecuador genera alrededor de 245.000 toneladas de basura por año, de las cuales 122.500 toneladas se recuperan tras la recolección de recicladores de base. En Quito, los recicladores de base enfrentan precariedad laboral, pero iniciativas como Renarec impulsan su formalización y mejores condiciones. La Ley de Economía Circular Inclusiva ofrece un marco legal, aunque su aplicación es limitada.

El sol se levanta sobre Quito, pintando de dorado las calles aún dormidas. Pero el silencio se rompe con el crujir de botellas de plástico, cartón y vidrio que salen desde los contenedores acomodados a los costados de condominios, parques, centros comerciales y plazas. Son los recicladores de base (personas que recolectan, separan y venden materiales reciclables como medio de subsistencia): hombres y mujeres que, con su esfuerzo diario, le dan una segunda oportunidad a los desechos que los ciudadanos arrojan en los cestos de basura o, peor aún, en la calle, quebradas e incluso en ríos.

Enfundados con mamelucos, delantales, gorras, guantes; la cara sucia y su vestuario corroído por líquidos lixiviados, los gestores de residuos recogen cada artículo que será almacenado en el Centro de Educación y Gestión Ambiental (Cegam), ubicado en la avenida Eloy Alfaro y Amancay en el norte de la capital.

Según el gremio de los clasificadores, en Ecuador, más de 50.000 personas recorren calles, mercados y barrios para almacenar los restos. Solo en Quito hay dos gremios principales que agrupan a estos trabajadores: la Red Nacional de Recicladores del Ecuador (Renarec) y la Asociación de Gestores Ambientales del Distrito Metropolitano de Quito.

Renarec tiene 57 organizaciones a nivel nacional, que representan a 1800 familias y 20.000 recogedores. Dentro de su gestión, esta organización ha proporcionado uniformes, zapatos y un vehículo para transportar el material. En cambio, la Asociación de Gestores es una de las organizaciones que forma parte de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador.

Si bien es un gremio numeroso, apenas 10.000 clasificadores están registrados oficialmente, advierte Laura Guanoluisa, presidenta de Renarec, quien lucha por la reivindicación y el reconocimiento de la labor de los recolectores de residuos.

El Censo Nacional de Recicladores refleja la precariedad del sector. El 50% del sector es mujer. Muchas son jefas de hogar que sostienen a sus familias con esta actividad. Sin embargo, sus ingresos son bajos y carecen de beneficios sociales. Apenas el 4% está afiliado al seguro social. La falta de cobertura médica y la informalidad agravan su vulnerabilidad.

A pesar de que un importante número es mujer, Guanoluisa, junto con sus compañeras reconoce que, dentro del gremio, existía discriminación por género. “Pero con el tiempo nos hemos posicionado como jefas de hogar y gestoras de residuos”, aclara.

El 25% de los encuestados vive en Guayas. Pichincha es la segunda provincia con mayor número, con el 12,2%. La edad de la mayoría de “cachineros” registrados oscila entre 18 y 30 años. Sin embargo, un 23% tiene más de 61 años. Su situación se torna más precaria si se toma en cuenta de que el 13% de ellos no tiene ningún nivel de instrucción. Además, el 17% no sabe leer ni escribir.

Clasificadores realizan la recolección de materiales en Guayaquil. En la provincia de Guayas se concentra el mayor número de recicladores en el país. Cortesía / El Colectivo 506

El censo también reveló que la crisis migratoria motivó a muchas personas a encontrar en el reciclaje una forma de supervivencia. El 7% de los clasificadores son extranjeros, en su mayoría venezolanos, que se han dedicado a esta actividad debido a que no encuentran otra forma de subsistencia.

La inestabilidad económica es otro desafío. El 68% de este grupo humano manifestó que cambiaría de empleo si tuviera la oportunidad. También se conoció que el 36% de empleados labora los siete días de la semana, siendo los lunes el día de mayor actividad, mientras que diciembre es el mes con mayor recolección.

Aun así, el reciclaje de base sigue siendo el principal sustento del 88% de los encuestados, a pesar de que tienen que cumplir extenuantes jornadas. Una de estas personas es Marta Puente, integrante de Renarec y recicladora desde hace 18 años. La mujer está casada y tiene tres hijas. La mayor está buscando trabajo; las otras dos estudian.

Si bien esta labor le ha ayudado a sacar adelante a su familia, reconoce su deseo porque sus hijas salgan se ubiquen en el campo profesional. “Esta ocupación es muy sacrificada”, reitera.

En ese criterio coincide Laura quien aprendió el valor del reciclaje acompañando a su abuelo, encontrando tesoros entre los desechos. Con el tiempo, siguió sus pasos trabajando en los vertederos de Quito, donde clasificaba residuos para vender, un trabajo peligroso pero que le proporcionaba ingresos. Sin embargo, la exposición a desechos y la falta de reconocimiento por su labor generaron descontento en ella y sus compañeros, quienes exigían mejores condiciones y valoración por su importante trabajo.

Su entrega a esta labor lo hace en todo el sentido de la palabra. Desde las 06:00 hasta las 18:00, cumple su jornada con esmero. Acude a primera hora y, con su equipo, revisa los documentos, la contabilidad, seguridad social, horas trabajadas, sueldos, derechos laborales y todos los trámites administrativos que se requieran en la organización.

Pero también se da tiempo para conocer los resultados del trabajo de sus compañeros. Afuera de la oficina, se encuentra el punto de reciclaje, una instalación con techo de acero y rejas de metal, en donde se clasifican los restos. En una primera área se encuentran cientos de botellas, en otra está acumulado el papel y cartón. Un equipo de 20 personas cumple turnos para realizar la clasificación, según su color y material.

El trabajo que realizan es denso. No solo por las largas y extenuantes caminatas para recoger “la materia prima” de los basureros, sino también, porque la clasificación es complicada, especialmente en los días de lluvia, que hay que procurar que el cartón y el papel no se mojen.

Los gestores realizan la clasificación de materiales. Gabriela Castillo / Periodismo Público / El Colectivo 506

Guanoluisa, en su hogar, es la única mujer. Tiene cuatro hijos y su marido, a los que llama “mis cinco chicos”. A lo mejor por ello, es que le apasiona trabajar en equipo y no permite que sus compañeros se desanimen. «Esto no es basura, es trabajo», dice con firmeza e insiste en que los recicladores son esenciales para el cuidado del medio-ambiente. “Somos quienes evitamos que el país se ahogue en basura, pero seguimos siendo invisibles”, reitera.

El reciclaje no recibe el valor que tiene

El reciclaje de base es clave en la economía circular (modelo de producción y consumo que busca alejarse del tradicional sistema lineal de «extraer, producir, desechar»). Busca reutilizar materiales y reducir desechos. Sin embargo, los “cachineros” enfrentan dificultades para integrarse en los sistemas formales de gestión de residuos. Por esa razón, Renarec, actores gubernamentales y organizaciones no gubernamentales como Fundación Avina promovieron una norma para fortalecer la labor de estos servidores.

El 29 de junio de 2021, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva (LOECI) y fue publicada en el Registro Oficial Suplemento N.º 488 el 6 de julio de 2021.

La norma prometía cambiar esta realidad, reconocer el papel de los recicladores e impulsar su formalización. También establece un marco legal para transformar el modelo económico lineal del país hacia uno más sostenible e inclusivo.

Además, promueve el aprovechamiento eficiente de los recursos, el rediseño de procesos productivos y la reducción de residuos mediante la reutilización, el reciclaje y la valorización de materiales. Por último, reconoce y fortalece el rol de los recicladores de base como actores clave del sistema, garantizando su inclusión en la cadena de valor. De esta forma, pretende generar empleo, proteger el ambiente y fomentar la innovación en prácticas empresariales sostenibles.

Con ese antecedente, la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva (LOECI), ofrece un marco legal que reconoce el papel fundamental de los recicladores de base e impulsa su formalización. La ley y su reglamento buscan incorporar el trabajo de los recicladores de base en los sistemas de gestión de residuos sólidos no peligrosos y la cadena de valor industrial para que los residuos con potencial de recuperación se conviertan en materias primas, aportando al desarrollo sostenible y a la gestión integral de residuos.

El concepto de reciclaje inclusivo se orienta a garantizar los derechos de los recicladores de base organizados y no organizados, incluyendo la libre asociación, la integración en la cadena de valor del reciclaje, un pago justo, trabajo digno y seguro, acceso a seguridad social y a material reciclable de forma segura.

La LOECI, a su vez, busca revertir esta situación al establecer derechos para los recicladores de base y promover su integración formal en la cadena de gestión de residuos. Iniciativas que formalizan a los recicladores, los capacitan y los integran en proyectos de reciclaje contribuyen directamente a mejorar sus condiciones laborales, aumentar sus ingresos, y potencialmente reducir la inequidad de género al reconocer y valorar el trabajo que realizan las mujeres en este sector.

La norma también ordena a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos a reconocer el trabajo de los recicladores de base dentro de la cadena de gestión integral de residuos sólidos, incluyendo estímulos e incentivos. Además, se les exige promover la formalización, asociación, capacitación y certificación por competencias laborales de los recicladores de base.

La Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva y su reglamento proporcionan un marco legal que respalda y busca fortalecer las iniciativas que incluyen a los recicladores de base, con el objetivo final de mejorar sus condiciones laborales y reconocer su rol esencial en la economía circular del país, abordando así los problemas de precariedad e inequidad que históricamente han afectado a este gremio.

No obstante, desde el inicio, la implementación de este cuerpo legal tuvo tropiezos, porque demoró la implementación del reglamento que recién fue emitido el 6 de julio de 2023, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 844 y publicado en el Registro Oficial Suplemento N.º 379 el 22 de agosto de 2023.

Laura Guanoluisa, presidenta de Renarec cumple labores administrativas para mejorar las condiciones laborales de los agremiados. Gabriela Castillo / Periodismo Público / El Colectivo 506

La falta de reglas operativas dificulta la puesta en práctica de la ley. A eso se suma que el Reglamento fue publicado dos años después de la norma, lo que naturalmente impidió una implementación oportuna. La necesidad de elaborar normativa legal respectiva para efectivizar el trabajo del Sistema Nacional de Economía Circular Inclusiva se estableció en un plazo máximo de 180 días desde la publicación del reglamento, lo que subraya que la normativa era un requisito pendiente para la operatividad de la ley.

Felipe Toledo, experto en economía circular, explica que la idea es identificar la población nacional de los recicladores de base. En 2022, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ejecutó un censo nacional. Según la encuesta, en el país hay 10.000 recicladores, pero las organizaciones y gremios del sector estiman que la cifra real oscila entre 20.000 y 50.000.

Además, persisten desafíos en la integración de los recicladores de base en los sistemas de gestión de residuos. Si bien la ley reconoce la importancia de los recicladores, su integración efectiva en los sistemas formales de gestión de residuos a nivel municipal ha sido lenta.

En Ecuador, más de 50.000 personas recorren calles, mercados y barrios para almacenar los restos.

Por ejemplo, en Quito, los recicladores denunciaron no haber sido consultados en la implementación de contenedores verdes para la separación de residuos, lo que muestra una falta de coordinación y de inclusión de los recicladores en las decisiones que les afectan directamente. El reglamento establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deben garantizar la priorización, integración y participación de los recicladores de base en la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, y expedir ordenanzas para la prestación de sus servicios.

La mención de que la municipalidad prometió mesas de trabajo, pero las suspendió sugiere que esta integración no siempre se materializa.

Otro avance parcial de la ley fue la certificación de competencias laborales para recicladores, impulsada por el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap), que hasta ahora ha beneficiado a solo 300 trabajadores, pese a que el sector cuenta con miles de recicladores informales. La formalización de estos trabajadores es clave para su acceso a contratos públicos y privados, así como para el reconocimiento de su labor, explica Toledo.

Según Renarec, las recicladoras formalizadas recuperan más del 80% del material reciclable en Ecuador. En Quito, más de 800 recicladores han sido carnetizados y organizados en cooperativas. Un estudio de Fundación Avina muestra que recicladoras capacitadas aumentaron sus ingresos hasta en un 40%. De ahí la importancia de formalizar esta labor.

Nuevos proyectos de reciclaje transforman la gestión de residuos

Como parte de este esfuerzo, las entidades encargadas de la implementación de la Ley han trabajado de la mano con iniciativas privadas como «Quito a Reciclar», «Recicla Siempre» de empresas como PepsiCo con su proyecto “Reciclando en comunidad”, «Recicla para la Vida» en Tulcán, y «Latitud R – ECU», liderado por ReciVeci y Fundación Avina. están alineadas con los principios de la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva (LOECI).

Estas acciones operan bajo un enfoque que prioriza la reducción de residuos, el reciclaje y, especialmente, la inclusión social de los recicladores de base, elementos centrales en la LOECI. Por ejemplo, integran a trabajadores informales en cadenas de valor más estructuradas, fomentan la educación ambiental ciudadana y fortalecen alianzas entre sector público, privado y sociedad civil para construir sistemas sostenibles de gestión de residuos. En conjunto, contribuyen a la transición hacia una economía circular con enfoque social y ambiental.

Estas iniciativas buscan crear rutas para los recicladores, promover la separación de residuos en origen, e incluso integrar a recicladores y migrantes en el sistema de gestión de residuos.

El proyecto de PepsiCo, al involucrar a tenderos y utilizar logística inversa, también podría estar en línea con los objetivos de la ley de fomentar la recuperación y valorización de residuos de productos prioritarios, aunque la ley específicamente establece la necesidad de elaborar una lista de productos prioritarios sujetos a responsabilidad extendida del productor.

El impacto de los recicladores en el problema de la inequidad de género y la precariedad del gremio es crucial y reconocido por la ley. El censo señala que un significativo porcentaje de recicladores de base son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar en situación de precariedad laboral, con bajos ingresos y falta de beneficios sociales.

Puente aplaude todas las iniciativas orientadas a fortalecer la reutilización de residuos. Pero cree que el problema principal es la falta de conciencia ciudadana. “Si la gente separa bien sus residuos, nos ayudarían muchísimo”, comenta.

La separación en origen es clave, reiteran los gestores. Ellos insisten en que un cambio real empieza en los hogares. «Si todos tuvieran dos tachos, uno para orgánicos y otro para reciclables, nuestra labor sería más digna», señala César Sanguñarias, quien se dedica a esta labor hace 15 años, junto con su esposa, Laura Guanoluisa.

Mercedes Simbaña, otra de las recicladoras, no niega que se frustra cuando saca una botella sucia de las bolsas de basura. “Si las personas separaran sus residuos en casa, nos ahorrarían mucho esfuerzo”, dice con resignación.

Los recicladores insisten en que la ciudadanía tiene un rol clave. Clasificar el plástico, el cartón y el vidrio no requiere mucho esfuerzo, pero marca la diferencia.

El desinterés ciudadano y la falta de información agravan el problema. En Quito, en enero de 2025, el Municipio de Quito instaló nuevos contenedores de basura para promover la separación de residuos y el reciclaje. Los contenedores grises con etiquetas verdes recibieron desechos orgánicos, mientras que los azules fueron destinados a residuos inorgánicos.

La iniciativa, liderada por Emaseo EP, comenzó en cinco barrios del sur de la ciudad, benefició a más de 236 mil habitantes y mejoró en un 43% la recolección diferenciada en las zonas de Quitumbe y Eloy Alfaro. Los contenedores verdes fueron colocados para fomentar la separación de residuos reciclables en origen y facilitar su recolección.

Sin embargo, recicladores de base denunciaron que no fueron consultados en la implementación. “La municipalidad nos prometió mesas de trabajo, pero las suspendieron sin avisarnos”, reclama Guanoluisa. Para ella, es fundamental que los recicladores sean parte de las decisiones sobre gestión de residuos, advierte.

La basura, una “mina de oro”

El reciclaje en Quito enfrenta desafíos como la precariedad laboral y la falta de formalización de los recicladores. Gabriela Castillo / Periodismo Público / El Colectivo 506

Las empresas han comenzado a ver el reciclaje como una oportunidad. Programas como «Reciclando en Comunidad» han logrado recuperar miles de botellas PET en meses.

Pero la informalidad sigue pesando, advierte Toledo. El programa de certificación de competencias laborales, impulsado por el SECAP, ha beneficiado a apenas 300 recicladores de más de 1.500 miembros de Renarec.
Guanoluisa está convencida de que el reciclaje es una solución ambiental y social. “No queremos limosnas, queremos respeto y oportunidades”, afirma.

Mientras el sol cae, los recicladores siguen clasificando materiales en el centro de acopio. La lluvia no mermó el ánimo para organizar los materiales. El frío y la llovizna no les quita el empeño a los recolectores. Simbaña insiste en que el reciclaje es más que un empleo: es una lucha diaria contra el estigma y la precarización. «Nos ven como indigentes, pero somos trabajadores esenciales», sostiene.

Su mensaje es claro: la ciudadanía tiene un rol fundamental en la cadena del reciclaje. “Cada botella que recogemos es una pequeña victoria”, reiteran los gestores.

El atardecer termina; la oscuridad en el centro de reciclaje se hace más evidente. Mientras el sol se oculta y, poco a poco, los recicladores dejan a un lado las botellas que faltaron de contar. Se quitan su mameluco y salen a la calle, sin su etiqueta de “reciclador”. El cansancio los empuja para ir a su casa, la familia los espera.

Su jornada acabó y aunque continuará mañana, para Guanoluisa ese trajín solo le llena de compromiso. “La verdadera victoria será cuando todos entendamos que el reciclaje no es solo nuestro trabajo, sino una responsabilidad compartida”, advierte.

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