En un espacio de tres décadas, Costa Rica ha logrado importantes avances en materia legislativa con el fin de convertirse en un Estado más inclusivo y respetuoso de los derechos de la población LGBTIQ+.
Después de pasar de arrestos a parejas del mismo sexo porque su presencia en bares se consideraba ilegal en los años 80, a la entrada en vigor del matrimonio igualitario en el 2020, el país ahora trabaja para sensibilizar a sus funcionarios sobre la necesidad de cumplir sus roles sin ejercer ningún tipo de disciminación hacia otras personas.
Cuando Margarita Salas tuvo su primer pareja, mujer también, en su época de estudiante universitaria hace 20 años, las expresiones de amor y de cariño—-normales para cualquier pareja joven enamorada—eran coartadas con frecuencia.
“Andábamos por la vía pública de la mano como cualquier pareja, nos abrazábamos, nos besábamos. A nosotras nos echaban de cuanto bar, restaurante, monumento público, centro comercial existiera en el país”, explica Salas, reconocida activista en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Costa Rica quien hasta poco fungió como la Comisionada Presidencial de Asuntos LGBTI.
Y es que entonces, hace 20 años, “no había mayor movilización social ni claridad de qué recursos podía uno utilizar para defenderse”, resalta Salas al recordar que los miembros de la comunidad LGBTIQ+ se enfrentaban a discriminación en muchos lugares y no había ningún tipo de respuesta o respaldo. “Ahora estamos frente a una institucionalidad pública que emite decretos y directrices para proteger los derechos de las personas LGBTIQ+, cuenta con fechas para conmemorar y con comisiones institucionales LGBTIQ+ en las diferentes instancias”, entre otros.
Si bien falta mucho camino por recorrer, lo cierto es que Costa Rica ha dado, poco a poco, pequeños pasos que han representado significativos avances en materia de derechos humanos, respeto e inclusión para la población LGBTIQ+.
El artículo 133 de nuestra Constitución Política, que rige desde 1949, dice que “toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. No obstante, haciendo un breve repaso tan sólo por las últimas décadas del siglo XX es posible encontrar muchos hechos de discriminación.
En los años 80, los bares llamados de ambiente utilizaban una luz o un reflector que encendían para avisar a sus clientes de la cercanía de policías, ya que en ocasiones se realizaban redadas debido a que la presencia de parejas del mismo sexo se consideraba ilegal y las personas podían ser arrestadas o maltratadas.
En 1990, previo al Encuentro Lésbico Feminista de Latinoamérica y El Caribe, el entonces presidente Oscar Arias Sánchez emitió una directriz pidiendo negar la entrada al país a las mujeres lesbianas que venían al encuentro, es decir, aquellas mujeres que viajaban solas y fueran “sospechosas” de ser lesbianas. A la finca donde se efectuó el encuentro, llegaron hombres en furgones que daban vueltas alrededor del lugar y lanzaban piedras y palos a la propiedad, según testimonios de las participantes que aparecen en la exposición virtual Vamos a Besarnos, publicada por el Frente por los Derechos Igualitarios (FDI).
Curiosamente, años después de este hecho y durante su segundo mandato, Arias Sánchez fue quien firmó el decreto que estableció el Día Nacional contra la Homofobia en el año 2008, acción que para algunos abrió la puerta a otros decretos que vendrían después gracias a las luchas de organizaciones civiles.
A nivel de política pública, un cambio empezó a notarse en la segunda década del nuevo mileno. El gobierno del presidente Luis Guillermo Solís emitió, en el año 2015, el Decreto Ejecutivo 38999 que declaró “a la Presidencia de la República y a los Ministerios de Gobierno como instituciones que respetan y promueven los derechos humanos, libres de discriminación hacia la población sexualmente diversa”.
La entonces vicepresidenta Ana Helena Chacón, afirmó en un comunicado, divulgado el 15 de mayo del 2015, que el decreto “no sólo sienta las bases para acabar con la discriminación, sino que permitirá construir normativas internas que promuevan y respeten los derechos de las personas sexualmente diversas”.
Siguiendo con las acciones de la administración de Solís, el 18 de mayo de 2016 el gobierno presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una opinión consultiva sobre la interpretación y alcance de varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La consulta giraba en torno al reconocimiento del cambio de nombre de las personas, de acuerdo con la identidad de género de cada una; así como al reconocimiento de los derechos patrimoniales derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo.
Julieth Méndez / Cortesía Casa Presidencial / El Colectivo 506
La opinión consultiva No. OC-24/17 fue emitida por la CIDH en noviembre del 2017 y determinó que el ordenamiento de familia de Costa Rica adversaba derechos humanos de las parejas del mismo sexo por impedir su matrimonio civil.
Como un resultado eventual de este hecho histórico, Costa Rica se convirtió en el país número 29 en el mundo en aprobar el matrimonio igualitario, el 26 de mayo del 2020. De la misma forma, la opinión consultiva abrió el camino para que el Tribunal Supremo de Elecciones aprobara en el 2018 el cambio de nombre de las personas trans en su cédula de identidad, cambio que se pudo aplicar tras la aprobación de un reglamento en el gobierno de Carlos Alvarado.
Julieth Méndez / Cortesía Casa Presidencial / El Colectivo 506
Alvarado asumió el poder el 8 de mayo del 2018 después de unas elecciones dominadas por diferencias en posiciones sobre la diversidad sexual en general y, en particular, la opinión emitida por la CIDH. En segunda ronda, el actual mandatario obtuvo la mayoría de votos frente al candidato del Partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, férreo opositor al matrimonio igualitario.
Alvarado inició su gobierno creando por primera vez la figura del Comisionado Presidencial para Asuntos LGBTI, puesto en el cual fue nombrada en junio del 2020 Margarita Salas tras la salida de Luis Salazar.
En diciembre del 2018, el gobierno firmó el Reglamento para el reconocimiento de derechos migratorios a parejas del mismo sexo y la Declaratoria de interés público y nacional del Protocolo de Atención Integral de Personas Trans para la hormonización en la red de servicios de salud.
Asimismo, firmó el Reglamento para el reconocimiento del derecho a la identidad sexual y de género a personas extranjeras en el Documento de identidad y Migratorio para Extranjeros y una directriz dirigida al Banco Hipotecario de la vivienda para el Acceso a bonos familiares de vivienda a parejas del mismo sexo.
Educación y sensibilización
Decretos como los mencionados han sido fundamentales en el avance del respeto a los derechos de la población LGBTIQ+. Pero, ¿son estos suficientes para generar cambios en el trato que reciben los miembros de esta comunidad en las instituciones? ¿En el trato que reciben en sus barrios o en sus gobiernos locales?
La respuesta dada por entrevistados en el sector privado y sociedad civil es no. Todavía queda mucho camino por recorrer, muros y prejuicios por derribar. Sin embargo, esto no quiere decir que el panorama sea desalentador.
Existe una gran cantidad de personas comprometidas que están trabajando con ahínco para generar un cambio y cumplir con esos reglamentos y directrices a fin de que las entidades públicas se tornen en lugares más inclusivos y respetuosos de la diversidad.
El Decreto Ejecutivo 38999 del 2015 dio pie a la existencia de comisiones institucionales que dan seguimiento a la implementación del mismo y que deben desarrollar acciones dirigidas a la capacitación del personal para erradicar la discriminación hacia las personas LGBTIQ+.
Estas comisiones, así como la Comisión Presidencial de Asuntos LGBTIQ+ del Gobierno de la República, han sido claves en la implementación de la “Estrategia Nacional de Capacitación y Sensibilización para personal de instituciones públicas, sobre la no discriminación y la inclusión de las personas LGBTIQ+: Caminando Hacia la Igualdad”.
Esta estrategia fue desarrollada por la Defensoría de los Habitantes en el 2020 en una alianza intersectorial con órganos como la Dirección General de Servicio Civil, el Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo, el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros.
La estrategia planteó también la posibilidad de contar con Organizaciones de la Sociedad Civil para coordinar procesos de capacitación a fin de fortalecer las capacidades de las instituciones públicas y sus funcionarios para asegurar servicios y espacios libres de estigma y discriminación para la población LGBTIQ+.
La sensibilización busca “la prestación de servicios respetuosos, inclusivos, libres de estigma y discriminación” y consta de un curso virtual que aborda contenidos para informar y reflexionar sobre temas vinculados a los derechos de las poblaciones LGTBIQ+.
La estrategia contempla además una capacitación presencial para ciertos perfiles de funcionarios, quienes deben cumplir 16 horas de taller con el objetivo de profundizar en su sensibilización y darles herramientas que les permitan ejercer sus labores sin prácticas discriminatorias.
La meta de esta estrategia es que para el 2022 el 40% de los trabajadores públicos que deban tomar la capacitación presencial haya recibido la misma, mientras que en el caso de la modalidad virtual se espera que el 90% de los funcionarios del sector público haya completado esta opción.
Margarita Salas explicó que, según estadísticas generadas por la plataforma virtual del curso, para este año más de 24 mil personas de 78 diferentes instituciones han recibido el curso de capacitación virtual, número que aún está lejos de alcanzar el total de la planilla del sector público.
De acuerdo con datos suministrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para abril del 2021 se contabilizaban casi 330 mil funcionarios entre gobierno central, empresa pública financiera y no financiera, gobiernos locales, instituciones descentralizadas no empresariales y órganos desconcentrados.
El avance en las capacitaciones difiere de una institución a otra y esto, de acuerdo con representantes de algunas entidades, tiene que ver con el hecho de que cada una tiene sus particularidades y dinámicas. Existen instituciones donde el 90% de los funcionarios ya tomaron la capacitación virtual y presencial, mientras que otras presentan un gran atraso, explica Salas.
Salas señala, como ejemplo, el caso del Ministerio de Educación Pública (MEP), donde ha habido grandes atrasos ocasionados por la pandemia, ya que los docentes han debido dedicarse a muchas otras capacitaciones en el marco del paso a la virtualidad.
Entre los aspectos positivos del proceso, Salas indicó que, gracias a una compilación de materiales en las instituciones, ahora cuentan con “un repositorio de materiales de sensibilización, entre ellos más de 121 videos que pueden servir para la capacitación, algunos elaborados por las mismas instituciones”.
“Muchas generan fondos de pantalla o afiches”, agregó la activista al destacar insumos como los del Ministerio de Ambiente y Energía, que elaboró ocho boletines que abordan temas como qué es un espacio inclusivo y los desafíos que enfrentan las organizaciones para avanzar hacia la igualdad, entre otros.
Algunas instituciones realizan adaptaciones para cumplir con la tarea, tal como talleres para aclarar dudas sobre la materia y facilitar la realización de los ejercicios, como el caso del Ministerio de Planificación; o adaptar espacios para los talleres presenciales, que por el momento están suspendidos debido a la pandemia.
Un balde de agua fría
En el trabajo que llevan a cabo las diferentes instituciones para lograr un mayor respeto a los derechos humanos de la población LGBTIQ+, varios hechos que se han dado en los últimos meses han afectado el avance de los procesos internos y han sido calificados como un balde de agua fría.
La acción de inconstitucionalidad presentada en el 2020 por dos funcionarias del Ministerio de Hacienda contra el Decreto Ejecutivo No. 38999 y la aprobación de una cláusula que permite a los funcionarios rechazar capacitaciones en materia de derechos humanos alegando objeción de conciencia, son esos hechos.
“Los servidores públicos podrán informar a la administración, por medio de una declaración jurada, sobre su derecho a la objeción de conciencia cuando se vulneren sus convicciones religiosas, éticas y morales, para efectos de los programas de formación y capacitación que se determine sean obligatorios para todas las personas servidoras”. Esto es lo que señala el inciso al artículo 21 del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, cuya aprobación negocia el gobierno de Carlos Alvarado en la Asamblea Legislativa con el fin de acceder a un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La aprobación de la cláusula de objeción de conciencia y el respaldo a la misma por parte del presidente Carlos Alvarado llevó a la renuncia de Margarita Salas como Comisionada Presidencial de Asuntos LGBTI, quien criticó que “la actual administración negoció nuestros derechos humanos a cambio de votos”.
En un comunicado que difundió tras su renuncia en abril pasado, Salas afirmó que “esto abre una puerta para vulnerar derechos no solo de la población LGBTIQ+, sino también de las mujeres, de las personas con discapacidad, personas afro y de cualquier población en condiciones de exclusión”.
El diputado de Nueva República, Jonathan Prendas, impulsor de la cláusula, indicó en sus redes sociales el día que fue aprobada la inclusión de la misma en el proyecto de ley que ésta “garantiza a los costarricenses el derecho humano de desarrollar su vida personal y laboral sin renunciar a sus creencias y convicciones”.
Por otra parte, durante el panel “Objeción de conciencia, servicio público y acceso a la justicia de la población LGBI”, organizado por el Poder Judicial, la abogada especialista en derechos humanos, género y diversidades, Larissa Arroyo, indicó que la objeción de conciencia es un derecho que debe ser garantizado, pero no se puede usar para discriminar.
La acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo No. 38999 no ha sido resuelta, mientras que la Ley de Empleo Público sigue su proceso, que incluye consultas a instituciones públicas, discusión por el fondo en el Congreso, votación en primer debate, consulta ante la Sala IV y, por último, votación en segundo debate.
Tareas pendientes
La ex comisionada presidencial de Asuntos LGBTIQ+, aunque resalta los avances registrados en los últimos años en materia de derechos humanos, recordó que quedan aún muchas tareas pendientes, como el reconocimiento de la identidad plena de las personas trans, cuyo género como tal todavía no se reconoce.
Hace falta una ley marco antidiscriminación y trabajar por el empleo de las personas trans, “muchas están en situaciones de calle y de comercio sexual en las que no quisieran estar y en el marco de la pandemia han enfrentado una reducción muy fuerte de las posibilidades de generarse un sustento”, señaló Salas.
Urge penalizar las terapias aversivas, ya que hay padres que internan a sus hijos “en campamentos donde les aplican terapias como electroshock para tratar de cambiar su orientación sexual, sobre todo en áreas rurales, a veces debajo el disfraz del elemento religioso, esto es cruel y lleva al suicidio a algunos de estos chicos y chicas”.
Pese a que por un lado se avanza en la capacitación de los funcionarios en derechos humanos, todavía hay personas que se resisten, indica, dando como ejemplo el caso de funcionarios en EBAIS que ven a las personas trans con su documento e insisten en llamarlas por el nombre que no es.
Con respecto a las capacitaciones de Caminando Hacia la Igualdad, los miembros de las comisiones institucionales entrevistados resaltaron su importancia en la sensibilización de los funcionarios, pero para algunos se necesita más acompañamiento, en especial en el curso virtual.
“Hemos venido trabajando con la oficina de género en tratar de ir aclarando dudas iniciales que el curso no aclara”, explica el viceministro de Seguridad Pública, Eduardo Solano, al señalar que es un tema muy complejo. “Entender toda la complejidad que implica la población LGBTIQ+” requiere más de dos o cuatro horas.
El nombramiento del nuevo Comisionado Presidencial para Asuntos LGBTI, puesto clave en el monitoreo de la estrategia de capacitación, está pendiente desde abril pasado, cuando Margarita Salas presentó su renuncia. El Ministerio de Comunicación confirmó a El Colectivo 506 que la persona que sustituirá a Salas aún no ha sido nombrada.
Los obstáculos y discursos de odio por superar son muchos, pero existen también muchas personas que, desde distintas trincheras, realizan un trabajo arduo, a veces casi invisible, pero que poco a poco contribuye a la comprensión de que todos merecemos el mismo trato en los servicios públicos y en nuestro entorno laboral.
La semana entrante: Buscamos a funcionarios públicos que, desde sus puestos, están realizando acciones que promuevan la igualdad.
