En esta zona rural de Perú, mujeres organizadas en redes comunitarias desafían el miedo y la indiferencia estatal para brindar justicia y esperanza a víctimas de violencia de género. La periodista Scarlet Timana cuenta la historia de este programa en este reportaje creado con una beca del Fondo para el Periodismo de Soluciones en Latinoamérica, una iniciativa de El Colectivo 506, con el apoyo de la Agencia InnContext de la Fundación Avina. Este trabajo fue publicado por Norte Sostenible el 2 de mayo del 2025 y fue adaptado aquí para co-publicación con nuestro medio.
La puerta de madera apenas se sostiene, la humedad ha carcomido su base y los clavos oxidados apenas la mantienen firme. No es una casa, sino la sala comunal de un asentamiento humano polvoriento en las afueras de Piura, una región calurosa del norte peruano. Allí, sentada en una banca de madera, Ana* abraza fuerte a su hija de seis años mientras, por primera vez, se atreve a contar lo que ha callado durante más de una década: su pareja la golpea. No lo ha contado en una comisaría, sino en este espacio. Frente a ella, una defensora comunitaria le dice: “No estás sola”.
En Perú, la violencia de género no es un hecho aislado. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) del primer semestre del 2024, el 52,5% de mujeres peruanas entre 15 y 49 años ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja a nivel nacional, pero la mayoría calla. El miedo, la desconfianza en el sistema judicial y la falta de acceso a servicios adecuados impiden que muchas denuncien. Sin embargo, ante este sombrío panorama, ha emergido una respuesta en Piura desde los márgenes: una red de mujeres que tejen protección y justicia desde abajo.
Ellas buscan cambiar esas duras cifras de violencia contra la mujer. Solo entre enero y marzo de 2025, en Piura los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron más de 1,800 casos de violencia. El 46% fueron por violencia psicológica, el 41% por violencia física y el 13% por violencia sexual; la mayoría de las víctimas tenían entre 18 y 59 años de edad. Pero las cifras apenas arañan la superficie. En los caseríos y asentamientos humanos, el miedo, la distancia, la revictimización institucional y la falta de apoyo legal y psicológico hacen que muchas opten por callar.
Además de la violencia, la región Piura enfrenta otras brechas de género críticas: embarazo adolescente, analfabetismo, limitada participación política y desigual acceso a recursos naturales. Frente a ello, el Plan Regional de Igualdad de Género (PRIG), liderado por la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Piura, busca visibilizar estas desigualdades y promover acciones concretas desde el Estado y la sociedad civil.
La lucha silenciosa de las defensoras comunitarias
Desde 2018, en Piura, un movimiento silencioso pero firme ha comenzado a transformar la vida de cientos de mujeres. Se trata de las once redes comunitarias de mujeres, un proyecto impulsado por la emisora radial Cutivalú, un medio con una marcada vocación social y un sólido enfoque en derechos humanos, que articula comunicación, incidencia y acompañamiento comunitario. Como parte de su compromiso social, Cutivalú asumió la lucha contra la violencia de género, al identificarla como un problema estructural urgente en esta región peruana.
Con el respaldo técnico de la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI) y el financiamiento de la Junta de Andalucía (España), nació hace siete años el proyecto “Mujeres tejiendo redes por una vida libre de violencias y discriminación” que ha dado vida a espacios de resistencia y empoderamiento en distritos como Veintiséis de Octubre, Chulucanas, La Matanza, Tambogrande y Piura.
Estas redes no son simples grupos de apoyo: son estructuras organizadas con presidentas, juntas directivas y una base mínima de 25 integrantes reconocidas con resoluciones municipales. Su legitimidad les permite articular con instituciones como la Policía, la Fiscalía, los Centros de Emergencia Mujer y las municipalidades. Son, en esencia, un tejido social sólido que sostiene, acompaña y transforma a las víctimas de violencia.
Las defensoras reciben una formación integral por parte de Cutivalú, en alianza con especialistas de instituciones públicas y organizaciones aliadas, como el Centro de la mujer peruana Flora Tristán. Aprenden sobre primeros auxilios psicológicos, rutas de denuncia, procedimientos legales, vocería y estrategias de comunicación. “Trabajamos mucho en autoestima, autoconfianza y habilidades blandas. Muchas han sufrido violencia y necesitan sanar antes de ayudar a otras”, explica Ortelia Valladolid Brand, coordinadora de proyectos en Cutivalú.
En esa línea, el trabajo de las redes se siente en varios niveles. Primero, en el incremento de denuncias: las mujeres ya no están solas y se atreven a hablar. Luego, en la mejora de la coordinación interinstitucional, pues las redes no solo presionan, sino que también empoderan a los operadores de justicia para que actúen con enfoque de género. Y, más recientemente, en la inclusión de hombres en procesos comunitarios. “En distritos como La Matanza ya estamos incluyendo a varones en talleres sobre masculinidades y corresponsabilidad”, destaca Valladolid. Esta incorporación fue uno de los aprendizajes del proceso: con el tiempo, las redes entendieron que no bastaba con empoderar a las mujeres, sino que también era clave trabajar con los hombres para cambiar patrones culturales profundamente arraigados, como el machismo y la violencia generalizada.
El empoderamiento económico también forma parte del proceso. Muchas mujeres no denuncian por dependencia económica del agresor. Por ello, se impulsa su autonomía mediante formación en emprendimiento, inserción laboral y acceso a capital semilla, con apoyo de cooperantes como Manos Unidas y Taller de Solidaridad.
Sin embargo, los retos son grandes. Aún hay municipalidades que no reconocen formalmente estas redes, y las instituciones muchas veces no responden con la urgencia que los casos requieren. La resistencia también viene desde lo íntimo: “Hay mujeres que no pueden participar activamente porque sus parejas no les dan permiso, o no entienden el valor de su trabajo comunitario”, señala Valladolid.
En ese sentido, para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se busca que las redes trasciendan y sean asumidas como parte de la política pública local. “Queremos que, cuando termine la intervención de Cutivalú, la municipalidad piurana continúe acompañándolas”, afirma Valladolid. En el distrito de La Matanza, por ejemplo, la municipalidad ya ha comenzado a asumir parte del acompañamiento a las redes. Eso es un gran avance.
Yolanda: la fuerza de una historia compartida
En el distrito Veintiséis de Octubre, uno de los más jóvenes y vulnerables de Piura, un grupo de mujeres ha tejido una red silenciosa pero firme. Se trata de la «Red de soporte y acompañamiento a víctimas de violencia del distrito 26 de Octubre», una organización integrada por lideresas de ollas comunes, juntas vecinales, vasos de leche y tenientes gobernadoras.
Yolanda López Chira, desde su doble rol como vicepresidenta de la red distrital en Veintiséis de Octubre y presidenta de la red provincial Unidad por el Cambio Piura, es también una sobreviviente. Durante quince años sufrió violencia física, psicológica, sexual y económica. “No podía pintarme, trabajar, ni usar la ropa que me gustaba. Si salía a vender, era motivo de golpes”, recuerda. Las agresiones ocurrían incluso por las noches, cuando todos dormían. “Yo no sabía que eso también era violencia”, cuenta.
La primera vez que denunció, en la comisaría de su distrito le dijeron: “Algo le habrás hecho a tu marido para que te pegue”.
Pero un día, frente al espejo y con el rostro golpeado, decidió que no podía más. Se encomendó a Dios, se fue con sus hijos, buscó apoyo y hoy lidera una red con más de 35 defensoras activas.
Gracias al apoyo y acompañamiento del proyecto, algunas mujeres líderes comunitarias accedieron a un capital semilla que marcó el inicio de sus emprendimientos. No fue dinero en efectivo, sino insumos básicos como arroz, azúcar, aceite, mesas, sillas y utensilios para empezar a vender comida o dulces. “Yo cocino todos los fines de semana. Vendo para seguir ayudando a otras mujeres que también quieren empoderarse”, cuenta Yolanda. Ahora su negocio se llama “De todo para ti”, y lo que antes era una venta ocasional, se convirtió en un espacio de trabajo digno, compartido y multiplicador.
“No solo fue para mí. Puse a dos señoras más a trabajar. Ya venden dulces en un colegio. Están saliendo adelante”, afirma orgullosa.
Redes que cambian vidas
Aunque el Ministerio de la Mujer no ha sistematizado aún los resultados de estas redes, los cambios ya son visibles. En comunidades donde actúan las defensoras, aumentaron las denuncias de violencia contra la mujer, la emisión de medidas de protección por parte de las autoridades y el acceso a terapias psicológicas. Además, se ha fortalecido la coordinación con instituciones públicas como los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y las fiscalías. Este avance se refleja, por ejemplo, en la realización periódica de reuniones de articulación interinstitucional y en una mayor disposición de las entidades públicas para actuar con celeridad frente a los casos reportados por las redes comunitarias. «Ahora nos llaman para realizar capacitaciones conjuntas. Eso antes no pasaba», destaca Ortelia Valladolid, de Cutivalú.
En algunos distritos, las redes organizan ferias informativas, caravanas, obras de teatro comunitario, cineforums, asesorías y campañas radiales. Han acompañado incluso a niñas víctimas de violencia sexual en sus propios hogares. “El impacto es grande porque hoy muchas ya no están solas. Saben que hay otras mujeres que las entienden, que las acompañan”, dice Yolanda López. Sin embargo, aún enfrentan obstáculos. “No tenemos materiales, transporte ni una casa de acogida para emergencias”, reclama Flor de María Pacherres, defensora piurana.
Pero esas carencias no las detienen. A pesar de la falta de recursos, de la burocracia y del agotamiento, siguen luchando. Yolanda, con la voz firme y el corazón abierto, no piensa dar un paso atrás.
“Yo quiero que mis hijas y todas las niñas piuranas vivan en un mundo donde ser mujer no sea un riesgo. Por eso seguimos. Porque cada historia que salvamos, cada mujer que se atreve a decir ‘basta’, es una victoria para todas”, señala.
Lo que estas mujeres hacen sin uniformes, sin sueldos, sin reflectores, es justicia comunitaria. Son redes de esperanza que sostienen a otras cuando el sistema falla. En ese entretejido, están sembrando la posibilidad de una ciudad más libre, inclusiva y justa para todas. Lo que inició como una respuesta comunitaria ante la violencia, hoy es un movimiento que transforma no solo vidas, sino también viejas estructuras.
*Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las fuentes.
