Como educadora internacional y defensora de los derechos de los migrantes y refugiados, a menudo uso a Costa Rica como ejemplo de políticas humanitarias para refugiados, de acuerdo con los acuerdos internacionales de derechos humanos. En Costa Rica no hay muros, campos de refugiados, centros de detención, tobilleras, cierres de fronteras, ni deportaciones masivas. A los solicitantes de asilo se les permite la entrada y se les brinda protección legal en tránsito o mientras esperan la revisión de sus solicitudes de asilo. Sin campamentos ni centros de detención, los solicitantes de asilo viven en comunidades que facilitan la integración socioeconómica. Si bien el sistema de inmigración es vasto y los procesos para los solicitantes de asilo son largos, son un ejemplo de una forma humana y digna de proteger a las poblaciones desplazadas.
Las poblaciones migrantes y el debate sobre los migrantes no son nuevos en Costa Rica. Sin embargo, el término “refugiado” pasó al primer plano de la narrativa nacional costarricense en 2018, cuando cientos de miles de nicaragüenses huyeron a Costa Rica para escapar de la muerte, la tortura y el encarcelamiento bajo la dictadura represiva de Ortega-Murillo. No todos los costarricenses entienden o aceptan a los refugiados nicaragüenses; a menudo luchan por integrarse en los sistemas de educación y salud y por encontrar un empleo formal, y muchos enfrentan discriminación sistémica y abierta. Sin embargo, de acuerdo con las directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para los Migrantes (OIM), los solicitantes de asilo nicaragüenses reciben protección legal en Costa Rica al ingresar y mientras esperan la revisión de sus solicitudes de refugio permanente.
Este año, las decisiones de la política de inmigración de EE.UU. se han traducido en un aumento dramático de la crisis migratoria de Costa Rica. En julio de 2022, la administración Biden extendió el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los solicitantes de asilo venezolanos. Sin embargo, en octubre, la administración repentinamente revirtió el TPS para los venezolanos, promulgó la política del Título 42 de la administración Trump, y cerró la frontera entre Estados Unidos y México a todos los solicitantes de asilo venezolanos. Este cambio rápido dejó a miles de inmigrantes venezolanos y solicitantes de asilo en tránsito y varados en todo México y América Central. Luego de huir de sus hogares en Venezuela debido al aumento de la represión, la violencia y una economía devastada por la pandemia y el régimen autoritario de Nicolás Maduro; vender todas sus pertenencias para pagar a los traficantes y cubrir el costo del viaje; y vivir la peligrosa travesía por la región de Darién en Panamá, el pueblo venezolano quedó en el limbo en toda Centroamérica y sin apoyo, dinero, comida ni techo.
Las familias migrantes venezolanas ahora son visibles en cada esquina de San José, con carteles hechos a mano y banderas de su país, vendiendo dulces y pidiendo apoyo económico para que sus familias se queden en Costa Rica con la esperanza de eventualmente continuar su viaje hacia el norte. Sin un refugio formal o un sistema de apoyo, los campamentos informales brindan refugio temporal a familias desesperadas que no tienen forma de salir adelante. Muchos tampoco ven factible regresar a casa.
La visibilidad de las familias venezolanas en las calles de San José incomoda a muchos costarricenses. Hay una falta de comprensión de la situación de Venezuela y del viaje que muchas familias se ven obligadas a emprender. Algunos costarricenses han respondido con entregas de monedas, comida o ropa. Otros, con miedo, suben rápidamente las ventanillas de sus autos para evitar encuentros incómodos con venezolanos que simplemente piden ayuda. Algunos sienten lástima por las familias: “Pobrecitos los chiquillos.” Un conductor de Uber con el que hablé estaba tan enojado por la cantidad de venezolanos que no trabajaban y, según él, solo mendigaban en las calles; sugirió que todas las familias deberían ser enviadas a cosechar café y apoyar la economía.
A pesar de esta reacción de algunos costarricenses, las familias venezolanas estaban y están protegidas por el derecho nacional e internacional mientras buscan asilo en o en tránsito por el territorio nacional.
La respuesta inicial a la situación por parte del recién electo presidente Rodrigo Chaves fue ofrecer transporte terrestre hacia el norte a las familias venezolanas. Según Chaves, esto evitaría mendigos y delincuentes en las calles de San José y reduciría la presión económica sobre los servicios sociales. Cuando la opción de trasladarse más al norte se hizo difícil, Chaves también ofreció transporte a la frontera sur con Panamá para vuelos de repatriación a Venezuela. La narrativa de Chaves se hizo clara; no quería una población visible de venezolanos en Costa Rica, especialmente en las calles de la capital.
La narrativa populista de Chaves dio un giro peligroso la semana pasada. El presidente declaró que Costa Rica cerraría sus fronteras a todos los migrantes económicos que ingresen al país y permitiría la entrada solo a los “refugiados políticos”. Dijo que era hora de actuar y que los inmigrantes ya no podían abusar de la política de solicitud de asilo de Costa Rica. También afirmó, de manera incorrecta, que los solicitantes de asilo solo deben hacer una llamada telefónica para obtener permiso para trabajar, alimentando así la narrativa popular de que los migrantes toman los trabajos de los costarricenses. Chaves criticó a la comunidad internacional por no apoyar económicamente a Costa Rica y abandonar la responsabilidad económica por la crisis migratoria.
Las declaraciones y amenazas del presidente son inexactas, engañosas y peligrosas. El término “refugiado político” no existe. Solo hay refugiados: personas que deben huir de su país de origen para escapar de cualquier forma de persecución, ya sea política, religiosa, étnica o de género. Algunos refugiados huyen para escapar de la violencia de las pandillas y otros para escapar de la guerra o de los efectos perjudiciales del cambio climático. Al afirmar que el país solo aceptaría “refugiados políticos”, el presidente Chaves simplificó en exceso la compleja situación de los desplazados en el mundo y puso en peligro la posibilidad de que personas de cualquier país, incluidos Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela, encontrar seguridad y buscar asilo en Costa Rica.
No es el sueño de personas que escapan de condiciones peligrosas, desesperadas e inciertas, vivir y trabajar en Costa Rica. No es una decisión fácil dejar el hogar, la familia y la comunidad y emprender un viaje peligroso. Los permisos de trabajo no se dan, como dijo el presidente Chaves, con una simple llamada telefónica. En primer lugar, esa llamada es costosa: la llamada para una cita con los servicios de inmigración cuesta $3.00 por cuatro minutos y puede variar en costo según el volumen de llamadas y el tiempo de espera. En segundo lugar, la cita, una vez programada, proporciona solo un permiso temporal para permanecer en el país hasta la fecha de la cita. Si después de la designación se aprueba la solicitud de asilo, los solicitantes de asilo pueden obtener permisos para trabajar en Costa Rica. Sin embargo, la desinformación y la discriminación a menudo impiden que los solicitantes de asilo encuentren empleadores que acepten la tarjeta de identificación de solicitante de asilo como documento legal y permiso de trabajo.
El discurso de Chaves eliminó la dignidad y las experiencias de todos los inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Esta no es la primera “ola” de venezolanos o inmigrantes que ingresan al país. Costa Rica es una sociedad diversa compuesta por venezolanos, nicaragüenses, colombianos, cubanos y otros, todos viviendo y contribuyendo a la cultura, el conocimiento y la economía del país. Los comentarios de Chaves ignoran las situaciones que enfrentan los solicitantes de asilo y validan actitudes xenófobas hacia todos los inmigrantes y refugiados en el país.
Las amenazas del presidente de cambiar la política de inmigración y refugiados envían un claro mensaje anti-migrante y amenazan la seguridad de los inmigrantes y refugiados en el país. Las palabras importan y las palabras tienen poder. La peligrosa narrativa de Chaves alimenta la discriminación, la xenofobia y el odio, y pone a las personas vulnerables en un peligro aún mayor.
Es urgente que rechacemos la narrativa antiinmigrante. Costa Rica debe seguir siendo un ejemplo internacional de política de refugiados humana y justa. Los costarricenses se encuentran ahora en un momento crítico de inflexión: el país puede elegir una narrativa nacional inclusiva que brinde protección a los solicitantes de asilo, o puede tomar un nuevo camino.
Costa Rica enfrenta la oportunidad de duplicar su reputación internacional en derechos humanos, democracia y paz—o hacer de la hostilidad hacia las poblaciones inmigrantes una realidad integrada en las políticas y la vida diaria del país. Debemos decir no a una narrativa peligrosa de odio, y debemos decir sí a una narrativa constructiva de integración y aceptación.
