La última parte en nuestra serie sobre la educación en Costa Rica, inspirada por una serie del 2006 por nuestras co-fundadoras que sigió a tres niños de segundo grado durante su día lectivo en tres escuelas muy diferentes del Valle Central. Lea la primera parte,”Siguendo en sus pasos,” aquí; la segunda parte, “El virus y la desigualdad,” aquí; y la tercera parte, «Los que empatan», aquí.
«No mi amor. Recuerda que no puedes abrazarme”, dice la maestra.
Ella se está liberando, suave pero firmemente, del agarre de una niña que lleva una mascarilla de Frozen. La profesora ha optado por una mascarilla con estampado de leopardo. Su cabello es un destello de color rojo brillante. La niña, de pie afuera de la Escuela La Carpio esperando ser admitida como parte del grupo de las 12:30 pm en un día caluroso, se había mostrado visiblemente emocionada cuando la maestra se acercó, como a veces lo hacen los niños, y envolvió sus brazos alrededor de esa cómoda cintura.
Pero estamos en marzo del 2021. No se permiten abrazos.
El momento provoca un jadeo audible de los adultos que miran, incluida mi colega Mónica Quesada, incluida yo. Es desgarrador y trae instantáneamente a la mente capas y capas de momentos como ese con nuestros propios hijos: explicar por qué no pueden jugar con sus amigos o ver a sus abuelos. Aún así, esta ola de tristeza es solo una de las corrientes de emoción de este día en la Escuela La Carpio. La corriente más grande y predominante es el asombro.
Si el estudiante de segundo grado Greivin Cruz regresara a su escuela en La Carpio hoy, en el 2021, es posible que ni siquiera note las mascarillas y el alcohol en gel, las huellas amarillas que muestran a padres e hijos cómo distanciarse socialmente mientras esperan para entrar. Estaría demasiado ocupado mirando el edificio en sí.
Atrás quedaron las aulas abarrotadas, tan ruidosas porque las paredes entre ellas eran tan delgadas, tan calientes por la falta de ventilación. El nuevo edificio, construido a través de una colaboración masiva entre el Banco Interamericano de Desarrollo y una serie de instituciones públicas costarricenses, cuenta con cuatro pisos de aulas que dan a un gran patio central, la brisa fluye por toda la estructura.
La maestra de educación especial de La Carpio, Marielos Méndez, a quien conocí durante nuestra serie del 2006 y que escribió un artículo sobre la nueva escuela para mí en The Tico Times cuando se inauguró en 2018, recordó a los lectores que esto no fue un éxito de la noche a la mañana. La primera escuela, la Escuela Finca La Caja, había sido construida pieza por pieza por la comunidad durante muchos años (la primera escuela “contaba con algunas aulas de madera y hojalata… las clases se daban en iglesias o en los pasillos de las ‘casas’ vecinas, escribió). De la misma manera, la segunda escuela fue el producto de décadas de cabildeo por mejores condiciones de los padres de niños como Greivin. “Fueron más de 20 años de espera, de batallas, de solicitudes y trámites”, recordó.
Si nos saltamos todo eso y volvemos a ver el resultado, se siente como si un deus ex machina hubiera descendido a La Carpio, invirtiendo $6,4 millones, como hizo el Banco, y transformando por completo la educación en esta comunidad de bajos ingresos. La psicóloga escolar Rosibeth Alvarado recuerda cómo el antiguo edificio recibió la atención del Ministerio de Salud por su suministro de agua insuficiente: maestros y estudiantes tenían que cargar recipientes con agua para tirar los inodoros y comprar agua para compensar la diferencia. Si bien no podemos entrar a las aulas debido a los protocolos del COVID-19, Alvarado nos cuenta sobre los pizarrones inteligentes interactivos y otras tecnologías que se esconden dentro, “como las que tienen muchas escuelas privadas”. Incluso si la vieja escuela hubiera recibido una donación de dicha tecnología, las paredes delgadas no habrían podido sostener una pizarra inteligente, dice.
“Esta fue una forma de dignificar a toda la comunidad de La Carpio”, dice sobre la nueva escuela.
Será fascinante ver el impacto de la infraestructura de vanguardia en este cuerpo estudiantil. Por supuesto, ese momento aún no ha llegado: poco después de la inauguración de las instalaciones en 2018, las huelgas de maestros cerraron la escuela por más de 80 días. Solo un año después de eso, la pandemia cerró esta instalación por completo. Y aunque La Carpio se encuentra directamente en el corazón de la vida urbana de Costa Rica, a solo media hora del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y a 20 minutos del corazón del centro de San José, Alvarado dice que la cantidad de estudiantes que tenían suficiente conectividad domiciliaria para tomar lecciones a través de la plataforma Microsoft Teams del Ministerio de Educación era «mínima». Casi todos los 1.870 estudiantes de la Escuela La Carpio simplemente completaron las “guías autónomas” impresas que se entregaron cada mes junto con los paquetes de alimentos del Ministerio. La instrucción que recibieron desde abril hasta noviembre del 2020 se limitó a lo que pudieran brindar sus padres.
En esto, los estudiantes de La Carpio no estaban solos. El Ministerio de Educación Pública (MEP) estimó al comienzo de la pandemia que 500.000 estudiantes carecían de conectividad domiciliaria y podrían conectarse con sus maestros solo a través de WhatsApp, como mejor escenario. El informe del Estado de la Educación publicó un artículo el 21 de julio de 2020 que muestra que si bien el 67% de los estudiantes de Costa Rica Central tenían algún tipo de conectividad desde sus hogares, el 29% solo podía conectarse por teléfono; en las áreas rurales del Caribe, las zonas norte o sur, esos números se reducen al 40% para la conectividad del hogar y al 20% que pueden conectarse solo a través de un teléfono. Las cifras de cobertura escolar son mucho mejores, con alrededor del 87% de las escuelas del país que poseen algún tipo de conexión. Sin embargo, nuestras conversaciones con maestros y padres mostraron rápidamente que las velocidades de conexión varían significativamente. “Nuestra escuela está conectada” vale poco si la conexión solo puede tolerar uno o dos maestros en línea a la vez.
¿Qué pasaría si, como en La Carpio, un deus ex machina pudiera proporcionar una afluencia de fondos que resolviera este problema masivo de infraestructura, —un problema de infraestructura digital en este caso, en lugar de edificios escolares?
¿Y si esos fondos ya existieran?
¿Qué pasaría si el total de los fondos fuera, no $6,4 millones, sino $352 millones?
¿Qué pasaría si no se estuvieran utilizando, es decir, no en su máximo potencial?
Cómo llegamos aquí
Para entender los problemas de conectividad de Costa Rica en 2021, debemos remontarnos al 2006, cuando escribí y Mónica fotografió nuestra serie educativa original. Cuando no estábamos siguiendo a Greivin, Ariana y Steven a lo largo de sus vidas de segundo grado, pasamos muchas de nuestras otras horas informando vagando por las calles de San José, cubriendo protestas relacionadas con el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con los Estados Unidos y el República Dominicana, o CAFTA-DR. (Con solo escribir esas palabras como lo hice cientos de veces en esos tensos años de debate, mis dedos siguen un patrón conocido).
Las objeciones al acuerdo en Costa Rica fueron muchas, pero una de ellas fue esta: que al obligar a Costa Rica a levantar el monopolio de las telecomunicaciones que entonces tenía el Gobierno de Costa Rica a través del Instituto Costarricense de Electricidad, o ICE, el acuerdo robaría al país uno de sus activos. Dado que el ICE es de índole público, instaló infraestructura incluso en pueblos pequeños. Con ese monopolio levantado, el acceso a los teléfonos o, ahora, la conexión a Internet, estaría a merced de los proveedores internacionales y, por lo tanto, sería cada vez más desigual. Ese fue el argumento que me comunicaron, marcha tras marcha, miembros del público y, a menudo, miembros del sindicato de trabajadores del ICE.
El Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) nació en ese contexto. Una vez que la cuestión del CAFTA fue decidida, de manera bastante inusual, en un referéndum nacional en el 2007, la Ley Nacional de Telecomunicaciones redactada en el 2008 para regular la apertura del mercado incluyó la estipulación de que la Superintendencia de Telecomunicaciones, o SUTEL, cobraría a todos los proveedores de telecomunicaciones un canon que se utilizaría para lograr «los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad». Los fondos serían administrados por la SUTEL de acuerdo con las prioridades y metas establecidas por el Poder Ejecutivo.
Ahí radica el problema. Una revisión de algunos de los comentarios relacionados con el progreso, o la falta del mismo, de FONATEL, que a fines del 2019 había acumulado un valor de $352 millones, muestra que la contención y las acusaciones tuvieron lugar casi desde el principio. ¿SUTEL estaba siendo demasiado lento para actuar o el gobierno estaba siendo demasiado lento para proporcionar dirección y facilitar los procesos? Un editorial del personal de febrero de 2011 en La Nación denunció el hecho de que “dos años desde su creación, no se ha nombrado a un solo miembro del personal para administrar el sistema, y FONATEL no tiene un solo plan diseñado”.
Una revisión del 2013 del impacto del CAFTA, cinco años después, por el grupo de expertos del Estado de la Nación, señaló que FONATEL “ha sido criticado por la cantidad de tiempo que le tomó a la SUTEL crear el fideicomiso y seleccionar y contratar una empresa de consultoría administrativa para implementar el programa… [y] por su falta de inversiones coordinadas (computadoras en las escuelas, aplicaciones y sistemas de salud, capacitación de docentes y otros funcionarios).” El informe señala que la SUTEL respondió a estas críticas quejándose de que la Ley de Telecomunicaciones le permitía gastar solo el 1% de su financiamiento en administración, que las regulaciones de contratos públicos de Costa Rica la habían frenado y que otros ministerios no se quejaban.
En marzo del 2021—es decir,es decir, 13 años desde la creación del fondo, ocho años desde el informe del Estado de la Nación y un año después del inicio de una pandemia global que hizo de la conectividad escolar y estudiantil una prioridad urgente—los dedos se siguen apuntando.
“Una de las mayores lecciones aprendidas es que hemos desperdiciado una oportunidad de oro”, dice Paola Vega, Ministra de Ciencia y Tecnología, sobre FONATEL y conectividad educativa en Costa Rica. Habiendo asumido el cargo en junio del 2020, poco antes de que el Estado de Educación llamara a la atención a las autoridades por la falta de avances en el cierre de la brecha digital, lideró un esfuerzo enérgico para acelerar el proceso y ahora está impulsando un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que pondría a su ministerio (MICITT) y al MEP a cargo de implementar los programas de FONATEL. En nuestra extensa entrevista sobre las razones por las que FONATEL no había logrado más en los 11 años entre su creación y COVID-19, Vega pintó el cuadro de un desastre que combina múltiples desafíos familiares para cualquier estudioso de las políticas públicas costarricenses.
Existe la falta de continuidad: dado que cada administración presidencial tiene un enfoque diferente de conectividad y los Planes Nacionales de Telecomunicaciones duran solo seis años, es difícil mantener una estrategia consistente, dijo. Al mismo tiempo, hay una falta de revisión y flexibilidad: la Ley Nacional de Telecomunicaciones del 2008 del país, redactada una vez que se aprobó el CAFTA, debe revisarse y ajustarse con mucha más frecuencia, dijo, especialmente dado el vertiginoso ritmo de cambio en las tecnologías y las necesidades. Y, según Vega, hay una expectativa de consenso que impide una acción efectiva: si bien, en teoría, FONATEL debe responder a las solicitudes del gobierno, esas solicitudes desencadenan evaluaciones de necesidades, estudios de factibilidad y opiniones técnicas de los proveedores de telecomunicaciones. Nadie tiene autoridad para forzar a la acción.
«¿Quién tiene la última palabra?» preguntó Vega, argumentando que hasta que se establezca un liderazgo claro, los problemas de implementación continuarán.
También es muy típico: ahora hay múltiples soluciones sobre la mesa. El proyecto de ley para transferir el poder al MEP y al MICITT es solo una de varias iniciativas en marcha. La SUTEL y la cámara de proveedores de telecomunicaciones se oponen al proyecto de ley, argumentando que cambiar qué entidad tiene las riendas no mejorará el proceso; mientras tanto, un total de otros tres legisladores han presentado proyectos de ley para reformar el uso de FONATEL de otras formas.
El progreso continúa. La SUTEL, que no concedió una entrevista al cierre de esta edición, envió sus indicadores por correo electrónico, mostrando el avance en ciertos areas y grandes montos de fondos «comprometidos» para los años que vienen. Sin embargo, en términos del problema inmediato y continuo de cómo conectar a los niños con Teams en este momento, la noticia más importante en los últimos meses fue un esfuerzo de esa entidad en la línea en esas protestas en el 2006: el ICE. Su marca Kolbi ha lanzado una alianza con el MEP para brindar acceso mensual ilimitado a las plataformas MEP por 2.000 colones (alrededor de $3.50) al mes, un ahorro significativo considerando que una hora de acceso a Teams puede costar unos 2.500 colones. La alianza cubrirá hasta 200.000 familias hasta junio, cuando será revisada y potencialmente renovada, me dijo el gerente de marketing de Kolbi, Jacqueline González, esta semana.
«Todavía necesitamos que más padres de familia se enteren», dijo. «Aunque estamos a seis semanas del inicio del curso lectivo, todavía hay un proceso de acomodo».
Horas perdidas. ¿Generación perdida?
¿Qué significó esto para los niños y jóvenes costarricenses en el 2020?
Para la niña cuyos brazos se agitaron cuando vio a su maestra en marzo del 2021, lo más probable es que no interactuara con sus maestras, excepto por un extraño mensaje de WhatsApp durante ocho meses del año escolar 2020. Ella llenó guías en papel, a menos que ella fuera una de las pocas familias en el barrio de La Carpio con suficiente conectividad en el hogar para acceder a la plataforma Teams del MEP. Lo mismo hicieron los estudiantes de Pacayas y la mayoría de las otras escuelas rurales.
En un año normal, asumiendo un año escolar de 10 meses y el tiempo de instrucción más bajo que registramos en 2006, 2.5 horas, esto significa que esa niña perdió unas 400 horas de escuela. Pero, por supuesto, el 2020 no fue un año normal para ningún niño en la tierra.
Nuestra estudiante de segundo grado del 2006, Ariana Monge, cuyo sobrino ahora asiste a la prestigiosa escuela pública del centro de la ciudad a la que una vez ella asistió, dice que su sobrino promedió cinco horas a la semana de clases en línea en 2020. En comparación con él, esos estudiantes desconectados perdieron alrededor de 160 horas de instrucción y, quizás lo más importante, la conexión con los profesores.
En comparación con los estudiantes de escuelas privadas, de acuerdo con los totales proporcionados por una variedad de padres, los estudiantes desconectados perdieron hasta 960 horas. Dado que nuestra serie de comparación del 2006 mostró una diferencia anual de 88 horas entre la escuela de Ariana y la de Steven, estos totales nos asombran.
Sin embargo, “¿cómo podrían las escuelas públicas competir con las privadas?» uno podría preguntarse. Pero no estamos hablando de calidad: solo conectividad. Y Costa Rica creó un fondo en el 2009 para cerrar esa brecha digital.
¿Cuál es la mejor forma de avanzar desde aquí? Después de semanas de lectura y horas de entrevistas, la respuesta aún no está clara. Todo lo que es obvio es que el mayor peligro posible es que la sensación de urgencia en torno a la conectividad entre estudiantes y escuelas generada por la crisis del COVID-19 desaparezca antes de que las autoridades se den cuenta.
“El avance no es para ahora, no es para el hoy, sino que hay que seguir previniendo el tema del acceso como una de las brechas más importantes hoy por hoy para el apoyo educativo a distancia que necesita el país en el mediano y largo plazo», dijo Melania Brenes, Viceministra Académica del MEP. «¿Por qué? Porque en el país hay muchas emergencias», no solo COVID. «Nosotros tenemos zonas de alto riesgo en zonas rurales, por lluvias, por derrumbes, por temas que muchas veces pues perjudican el servicio educativo».
Cuando se le preguntó si el impulso por la igualdad en la conectividad podría disminuir después del COVID, otra Viceministra, la de Planificación Institucional, Paula Villalta, dijo: “Varios de nosotros compartimos esa preocupación. No podemos bajar la guardia solo porque algunos estudiantes regresaron en persona. La conectividad es un derecho».
“Eso es un tema país”, nos dice Germán Rosales, cuyo hijo Fabián asiste a una escuela privada en San Jose y recibió hasta 32.5 horas de instrucción virtual por semana en el 2020. “Si no podemos garantizarle a los chicos en general un buen acceso a las herramientas tecnológicas, creo que va a ser bien difícil reducir esa brecha con todo lo que perdieron el año pasado… y el antepasado que cuando estaba la huelga.”
Ariel Rodriguez da clases de inglés de primaria a adultos en el CINDEA de Këkolbi, Talamanca, Limón.
“Yo estudié en la UNED”, dice. “Para estudiantes de bajos recursos, ellos hacen préstamos de tabletas. Qué interesante que el MEP pudiera hacer lo mismo para colegios y escuelas donde los estudiantes lo requieran. No solo es el virus – hay donde por una enfermedad, un embarazo… tienen que dejar al centro educativo.”
El ha visto cuantos factores, superables con una buena conexión, detienen la educación de los jóvenes de Costa Rica – porque el recibe esos estudiantes, a veces años después, en sus clases para adultos.
“Sería intereante y sería bueno porque esos estudiantes no perderían el avance del curso lectivo”, dice. “Muchos, por tener que retirarse por dos o tres meses, dejan el curso lectivo atrás”.
Una historia aún sin terminar
Al final, un mes no fue lo suficientemente largo para volver a visitar las historias de Greivin, Ariana y Steven. Fue como sumergir los dedos de los pies en un vasto mar. Fue un atisbo tentador de mejora constante, años de arduo trabajo ahora en peligro por una crisis para la que, en palabras de Paola Vega, “ningún sistema estaba preparado”.
Fue un recordatorio de que incluso en un país como Costa Rica, justificadamente orgulloso de sus logros educativos, las demoras injustificables continúan frenando a los estudiantes.
¿Qué tan rápido se desplegarán los recursos disfrutados en Escuela Buenaventura Corrales – periódicos y pegamento en el tiempo de Ariana, acceso a Teams en el de su sobrino – para prevenir una nueva “generación perdida”?
¿Qué tan pronto ocurrirán los tipos de reformas que describe Roman, sobre los tipos de cambios a los que se refirió Steven en nuestra entrevista de 2021, que preparan a los empleadores en lugar de a los empleados?
¿Qué tan pronto la infraestructura digital coincidirá con la infraestructura física que surgió para los estudiantes que siguen los pasos de Greivin Cruz?
Nunca lo encontramos. Un Greivin Cruz potencial en Facebook nunca respondió; las consultas en grupos y en foros de mensajes y por WhatsApp fueron infructuosas. Verificamos, mediante el Registro Civil, que está vivo y que, siendo aún adolescente, se hizo papá. Tiene una hija.
¿Irá ella a la escuela en La Carpio? ¿Se beneficiará del nuevo edificio escolar y de los pizarrones inteligentes interactivos?
«Esta situación que se acumula nos coloca ante una posible segunda generación perdida», dice Isabel Román, refiriéndose a la «generación pérdida» que resultó cuando muchos jóvenes en Costa Rica fueron excluidos de la educación durante la crisis económica de los 80. «Podríamos tener un retroceso generacional si no actuamos rápido. Este país no puede darse el lujo de tener una nueva generación perdida”.
Pero la investigadora termina con un llamado al optimismo: “Fue una prueba de esfuerzo en tiempo real que sacó lo peor y lo mejor”, nos cuenta. «Son momentos de grandes innovaciones, y creo que efectivamente tenemos claro esas innovaciones de las que somos capaces …”
“Después de la Peste Negra hubo un Renacimiento.”
