En marzo de 2025, la municipalidad de San Pedro La Laguna aprobó el «Reglamento para el Derecho Ecológico de Abuela Lago Atitlán». Entre varios temas y acciones para cuidar el lago, incluyó artículos que previenen la privatización, indicando que la zona de playa es un espacio de uso público. El tema no es nuevo en el territorio. La comunidad lleva al menos 16 años reivindicándolo. Ahora su acción está respaldada por una norma legal. La periodista María José Longo Bautista y el equipo del medio de comunicación guatemalteco Agencia Ocote cuentan la historia en este reportaje que fue publicado en su sitio web el 8 de julio del 2025. Lo hemos adaptado y traducido para su co-publicación por El Colectivo 506.
Agencia Ocote y El Colectivo 506 recibieron el apoyo de la Coalición Regional sobre el Derecho al Ambiente Sano (COREDAM) y la Asoaciación Generaciones de Paz (ASDEPAZ) para producir este artículo y el artículo «Garantizar el agua no es sencillo, pero las ASADAs muestran que es posible».
En las orillas del lago Atitlán, en el municipio de San Pedro, es común ver a mujeres caminar con objetos en las manos. Una lata que encontraron en la playa. Una botella de plástico que flotaba en el agua. Casi como un acto reflejo, si encuentran algo que no pertenece a la naturaleza, se lo llevan de ahí.
Muchas de ellas pertenecen a un colectivo; Las Guardianas del Lago. Se volvieron populares por las jornadas de limpieza que realizan, pero este grupo de mujeres indígenas hace mucho más para proteger al lago de la contaminación.
Buscan impedir que la playa sea cerrada para uso exclusivo de clientes, que se construya o se siembre tan cerca del agua que las personas no puedan caminar alrededor o que se prohíba el paso de la población a la orilla.
Lo hacen a través de un trabajo voluntario de vigilancia y denuncia, a lo que suman procesos de sensibilización y socialización con pescadores, agricultores y vecinos de San Pedro sobre la importancia de cuidar y proteger la playa pública.
Alrededor del Lago de Atitlán hay zonas exclusivas con chalets grandes y lujosos.
También negocios, como hoteles, situados en terrenos que ya no pertenecen a la gente de los alrededores del lago. Estos espacios suelen contar con playas exclusivas a las que solo tienen acceso las personas que pagan por ello.
Dentro de esta dinámica en los municipios a orillas del Atitlán, San Pedro la Laguna es un reducto que resiste. Una gran parte de su territorio aún mantiene la playa pública en su estado natural, de arena o de rocas. Es un espacio en el es común ver a personas caminar, nadar o sentarse a contemplar el paisaje.
El origen
En 2009, saltaron las alertas en el lago de Atitlán. Tuvo el mayor florecimiento de cianobacteria, unas algas verde-azules que consumieron el oxígeno del agua, provocaron la muerte de peces y otras especies, alteraron el color del lago y produjeron un olor fétido.
La población se alarmó y tanto instituciones estatales como organizaciones empezaron a reaccionar.
En 2009, la municipalidad de San Pedro la Laguna firmó un acta para delimitar un área de la orilla del lago para uso público. Diez metros de ancho marcados desde la orilla. Justificó la decisión como una medida para proteger el recurso natural, aunque no estableció sanciones.
En paralelo, pequeños grupos de mujeres del municipio, vecinas organizadas en sus comunidades, empezaron a hacer jornadas de limpieza puntuales.
La tarea voluntaria de las mujeres para vigilar que se cumpla el espacio de la playa pública, no es antojadiza. Está basada en su conocimiento ancestral y en su conciencia comunitaria y está respaldada por la ciencia.
Desde el 2018 cuando las mujeres se articularon en el colectivo Guardianas del Lago, junto al colectivo Tz’unun Ya’, escucharon a especialistas en ambiente y leyes. Comprendieron la importancia científica del espacio y la necesidad de una norma, más allá de un acta para regular el uso de la playa pública. Desde ese año los integrantes de Tz’unun Ya’ empezaron a trabajar en una propuesta de reglamento
Defender la playa, cuidar la arena
Flora Virginia Samol González vive en San Pedro la Laguna. Como al menos 45 mujeres de su barrio, es parte del colectivo Guardianas del Lago.
Con entusiasmo cuenta que, en su comunidad, Tzankiaqaay, hay más de 10 metros de ancho de playa pública. Con el diálogo y las pláticas han logrado que los propietarios y agricultores accedan a dejar incluso 20, asegura. Espacio suficiente para que los niños y las niñas jueguen y las maestras lleven a los estudiantes a recrearse. «Si fuera privado, uno tendría que pedir permiso», dice Samol.
Cuenta que además de proteger el espacio para que siga siendo público, vigilan que no haya extracción de arena.
Las personas acostumbran a recoger arena para venderla. Suele utilizarse para la construcción.
Cuando ven que alguien hace esto, suelen denunciarlo en la municipalidad, aunque asegura que hay otra forma más efectiva: convencerles de que no está bien.
Cuenta orgullosa que en los primeros meses de 2025 lograron que dos mujeres que sacaban arena de la playa se unieran al grupo de las Guardianas del Lago.
La arena es la interfaz entre el agua y la tierra. Actúa como un filtro, una barrera natural que atrapa elementos que pueden contaminar el lago; amortigua los efectos de las inundaciones y ayuda a proteger la orilla. Preservar la arena permite que el ecosistema se mantenga para otras especies, como los caracoles y cangrejos.
«Como mujeres no vemos las playas solo como un espacio de ocio» explica Nancy González. «Vemos el lago, las playas, como un espacio de conexión con la madre naturaleza, con nuestra abuela lago. Sabemos la función de los bancos de arena. Donde hay arena, es playa sólida. Donde extraen la arena son playas pantanosas», señala’.
Además, también han tenido que lidiar con agricultores. Samol aún recuerda los insultos que recibió de dos hombres con quien intentó dialogar para convencerlos de que no podían sembrar tan cerca del lago. «Ellos nos decían que no teníamos trabajo, que debíamos buscar un trabajo y dejar de limpiar», lamenta.
Las Guardianas del lago y los integrantes del colectivo Tz’unun Ya’ han visto que, si la siembra está muy cercana al lago, los fertilizantes que usan los agricultores contaminan más el agua.
El tercer grupo que está en contra de su trabajo, son los dueños de negocios. Loida Delfina Navichoc Gonzáles y Elsa María Yojco Juárez cuentan en su idioma materno Tz’utujil que en 2019 se enfrentaron al dueño de un resort a orillas del lago, el Hotel Sababa.
Apoyadas por Nancy González que interpreta sus palabras al español, aseguran que intentó expulsarlas de la playa pública frente al alojamiento y que quiso retirar los lavaderos que ellas usan para lavar en el lago.
Recaudaron firmas de 150 mujeres y Edwin Mauricio Méndez Puac, el alcalde en turno en esa época, las respaldó para que la playa siguiera siendo pública. Según recuerdan las mujeres, las acompañó hasta el lugar y le explicó al propietario que el espacio era público.
Agencia Ocote se comunicó por teléfono con el hotel Sababa para conocer su postura, no contestó las llamadas. Se envió un correo electrónico a la dirección registrada en sus cuentas de redes sociales, cuando se obtenga una respuesta será agregada.
La playa ocupada
De acuerdo con el registro de la colectiva Tz’unun Ya’, San Pedro la Laguna tiene 7.5 kilómetros de playa. Siete son «libres». Y medio kilómetro está «ocupado». Los datos de la municipalidad difieren un poco. La comuna estima que son siete kilómetros de playa, que uno tiene construcciones y seis, solo la playa pública..
Hay sectores del municipio en donde el espacio público desapareció. No se puede caminar frente al lago.
A la par del embarcadero de las lanchas que ofrecen el servicio de transporte entre Panajachel y San Pedro La Laguna, no hay playa pública.
El entorno es de construcciones contiguas al lago. Edificios de cemento o madera, algunos con muelle privado. En la mayoría funcionan cafés, restaurantes o bares.
Un reglamento contra la privatización del lago Atitlán
Aunque el acta municipal de 2009 establece 10 metros de ancho de espacio público en toda la playa del municipio, este documento no es una ley. No contempla recursos públicos, ni sanciones ni establece personal municipal que vele por el cumplimiento.
Ante la falta de un documento legal aprobado por las autoridades municipales, desde el 2018 el colectivo Tz’unun Ya’ lideró la propuesta de una norma.
Las Guardianas del Lago y el colectivo hicieron al menos cuatro propuestas del reglamento a la municipalidad para proteger la playa. Las presentaron ante la comuna.
En marzo de 2025 la municipalidad aprobó al fin el Reglamento para el Derecho Ecológico de Abuela Lago Atitlán, en los artículos del 6 al 9 establece normas para la zona de playa y acceso de uso público. Ahora sí, el nuevo documento establece multas de Q300 a Q50 mil (aproximadamente US$39 a US$6,500).
Las multas más bajas están establecidas en el reglamento como prohibiciones generales, la sanción es una multa de Q300 a Q5 mil ($39 a $652) por colocar cualquier elemento, natural o no, que impida o dificulte su uso público o libre.
También por colocar cables, antenas o conducciones de cualquier naturaleza; colocar sonido que perturbe la tranquilidad de otras personas; colocar toldos, sombras de plástico o sombrillas para alquiler; instalar vallas, banderas, banderines o cualquier distintivo publicitario; circular motocicletas, cuatrimotos o cualquier otro medio de transporte y dejar, botar o quemar basura o desechos de cualquier clase.
La cuantía va en aumento para quienes incurran en prohibiciones llamadas especiales, la multa es de Q20 mil a Q50 mil ($2,607 a $6,500) por extraer cualquier elemento propio de la playa y alterar la zona.
El listado de prohibiciones sigue con destruir o dañar la señalización de la zona de playa; realizar construcciones o edificaciones formales; realizar actividades agrícolas, obstaculizar el acceso a la zona de playa en las servidumbres de paso; obstaculizar de cualquier forma el uso público y libre de la zona de playa; generar basureros clandestinos y la extracción de arena, rocas y arcilla de la zona de playa.
De acuerdo con la norma, en los terrenos donde existen construcciones colindantes al lago que impiden los 10 metros mínimos de playa, las personas pueden demoler y desocupar el área, o resarcir al pueblo construyendo un sendero y pagando por el espacio público. Los fondos servirán para la conservación del lago.
De no hacerlo, el reglamento establece que las autoridades deben iniciar un proceso de demolición.
El reglamento fue aprobado en marzo, entró en vigencia en junio, pero hasta ahora no cuenta con fondos o recursos públicos asignados para su cumplimiento.
«Se tendrá que presupuestar este año para todos los programas y proyectos. Este reglamento es progresivo, su aplicación en algunas será inmediato, otras que requieren cierto tratamiento: mediano plazo y otras a largo plazo. El largo plazo del que hablamos es de cinco años», explica Juan Manuel Chavajay, promotor del reglamento. Es empleado municipal y su trabajo en la municipalidad es velar porque se cumpla la normativa creada recientemente.
El reglamento incluye otras regulaciones, de la zona agrícola colindante con la zona de playa, de la contaminación y de la pesca.
Recomienda y permite aplicar solo abono orgánico y bio insumos orgánicos en la zona agrícola, sembrar semillas nativas y criollas, sembrar maíz a una distancia de al menos cuarenta metros de la zona de playa, sembrar al menos tres tipos de cultivo y rotarlos, sembrar árboles nativos y frutales a una distanci de al menos 10 metros arriba del ciclo del lago.
La zona agrícola se deberá establecer después de la zona de la playa pública hasta la calle, carretera y veredas.
Para la pesca, el reglamento prohíbe hacerlo con arpón o atarraya y no puede ocurrir en el tiempo de veda, de abril a junio. Se permite la pesca únicamente de lobina y pez tigre. De acuerdo con la norma no se podrán instalar criaderos de peces en el lago.
La obra que sortea el reglamento
A pesar del reglamento, la propia municipalidad ha tomado una decisión que, según los colectivos, va en contra de la norma. La comuna construye hoy un «Malecón y centro turístico la cueva del cangrejo».
La obra, valorada en Q2.7 millones, consiste en muros de concreto, rampas pavimentadas, adoquín decorativo, caminamiento peatonal, barandas de tubo, cuatro áreas de estar con bancas, gradas, jardinería y palmeras.
Tendrá iluminación, dos esculturas metálicas de un cangrejo y un pez y un muelle de madera.
Las mujeres han hecho llamados a las autoridades para evitar intervenir la playa pública con materiales como el cemento y optar por otros más ecológicos como el bambú.
Un punto polémico: lavar ropa en el lago
El reglamento también regula el lavado de ropa en las orillas del lago, porque establece en el artículo 35 que los detergentes y jabones químicos son contaminantes y por ende son sancionados con multas. Pero el lavado de ropa es un trabajo que realizan principalmente las mujeres y que se ha convertido en un punto de conexión entre ellas.
Las Guardianas del Lago consideran que prohibir que laven en el lago es quitarles el espacio de conexión. Proponen que se especifique que sí se puede lavar en el lago siempre y cuando se promuevan opciones naturales. Entre las alternativas naturales que se utilizaron en algún momento están la ceniza; el jabón negro hecho de grasa animal y la cal.
Las Guardianas del Lago están molestas con la alcaldesa actual, Cándida González Chipir. Aseguran que desde que asumió, la municipalidad dejó de apoyar a las organizaciones que ayudaban a limpiar el lago. Antes las autoridades les proporcionaban el camión para las jornadas de limpieza, costales para la recolección de basura y una refacción. Ahora son ellas las que asumen los gastos.
Las guardianas e integrantes del colectivo Tz’unun Ya’ ven con buenos ojos el reglamento, pero consideran que abarca demasiados temas y tiene vacíos que pueden generar rechazo o acciones legales en contra.
Aunque los integrantes del colectivo Tz’unun Ya’ y las Guardianas del Lago presentaron cuatro propuestas a la comuna, previo a aprobarse el reglamento no recibieron alguna socialización de este. Si bien, incluye algunos aspectos que presentaron en sus propuestas, tiene más elementos que surgieron de la comuna.
Chavajay, el promotor del mismo, aseguró que la comuna está lista para la batalla legal que pueda generarse. Con reglamento o sin él, las mujeres están convencidas de que seguirán su trabajo de vigilantes en la playa pública.
Agencia Ocote consultó con Juan Manuel Chavajay sobre la razón por la que se permite la construcción de la obra municipal en la playa pública, la postura frente a la molestia de las integrantes del colectivo Guardianas del Lago por la falta de apoyo de la comuna y si tendrán algún diálogo con las mujeres sobre el tema de los lavaderos. El trabajador municipal indicó que consultará con el Concejo previo a responder, cuando lo haga, se agregará la respuesta.
