La segunda y última parte de una serie de reportajes sobre el impacto que ha tenido la Ley Contra el Maltrato de los Animales y sus reformas a la Ley de Bienestar Animal y el Código Penal desde su firma en el año 2017. Lea la primera parte aquí, donde reportamos sobre los alcances de la ley en cuanto a denuncias, aplicación de multas y juicios contra personas que la incumplen.
“El tiene una vida 100% normal”, dice Isabel Aguilar cuando le pregunto cómo está Campeón. “Es super saludable, está super gordito”. Isabel, quien es abogada y, como relatamos en la primera parte de esta serie, junto a Dora Castro Herrera, presidenta de la Fundación Ateniense de Ayuda a Animales Abandonados rescató a Campeón de una situación de maltrato en el 2017, se ha hecho cargo de él desde entonces. Hoy es un miembro de su manada de 17 perros.
“Todavía no tolera dos cosas en este mundo: el collar, que asumo que es por la experiencia que él vivió”, explica. “Y le tienen miedo severo al agua, a eso de las duchas. Hay algo a lo que le tiene horror”.
La historia del juicio por el maltrato de Campeón tuvo un final inesperado. Sin embargo, Isabel dice que no todo fue una pérdida.
“Llegamos hasta acá y sólo el hecho de sentar a esa mujer [la que era la dueña de Campeón] en una sala de juicio y el escrutinio público, es ganancia”, dice Isabel. “Además, marqué un precedente en este país. Campeón fue el primer perro en todo latinoamérica que fue a su primer juicio. ¡Se portó super bien!”.
La posición de Isabel es compartida por todas las personas entrevistadas por El Colectivo 506 para esta serie sobre el impacto de la Ley Contra el Maltrato Animal, firmado en el 2017.
“Podemos tomar esto como el vaso medio lleno o medio vacío”, dice Dra. Iliana Céspedes del Programa de Bienestar Animal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). “Hay una mayor sensibilidad de las personas de que hacerle daño a los animales no está bien y que ahora se visualiza más. Hay más apoyo mediático, y eso hace que algunas situaciones resulten más rápido y mejor”.
“Es una ley pionera”, dice Juan Carlos Peralta, presidente de la Asociación para el Bienestar y el Amparo Animal (ABAA). “Esto es futurista. Estamos construyendo entre todos [la aplicación de la ley], y los viejillos estamos haciendo este esfuerzo porque estamos dando nuestro granito de arena”.
Los aprendizajes, logros y limitaciones de la aplicación de la ley en estos cuatro años y 10 meses que tienen de estar en vigencia son muchos, desde generar conciencia hasta visibilizar faltas de presupuesto y educación del personal de justicia de nuestro país.
¿Qué se ha logrado con la Ley Contra el Maltrato Animal?
“Era necesario”, dice la Dra. Ninuska Key, Fiscal del Colegio de Médicos Veterinarios, cuando le pregunto cuál es el impacto de la ley. “Esta era una zona gris. Los animales estaban desprotegidos. No había ninguna ley que los resgaurdara y les diera garantía de lo que necesitan”.
Antes del 2017, Costa Rica ya tenía una Ley de Bienestar de los Animales (1994) que establecía en su Artículo 3, las condiciones básicas que se debe asegurar para los animales domésticos. Sin embargo, un cambio que llegó con la Ley Contra el Maltrato Animal en el 2017 fue un artículo (el 21) que establece sanciones y multas para personas que no cumplen con esas condiciones básicas. Esas condiciones incluyen “a) Satisfacción del hambre y la sed. b) Posibilidad de desenvolverse según sus patrones normales de comportamiento. c) Muerte provocada sin dolor y, de ser posible, bajo supervisión profesional. d) Ausencia de malestar físico y dolor. e) Preservación y tratamiento de las enfermedades”.
“La tenencia responsable es responsabilidad de los dueños”, enfatiza Iliana de SENASA, agregando que ha visto un claro impacto de la Ley desde el 2017. “Hay una avance en las consecuencias que se tienen actualmente de hacerle daño a un animal. Hay mayor oportunidad de que las personas sean juzgadas por estas situaciones, y mayor empatía de las personas o instituciones, hacia recibir el tema”.
Como lo reportamos en la primera parte de esta serie, la cantidad de denuncias que reciben, tanto SENASA como el OIJ han ido en aumento, y los números de casos que llegan a juicio también.
Steeven Paniagua Mora, Investigador del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en San José, es una de ocho personas que están a cargo de atender las denuncias de maltrato animal en la provincia. Además, asegura que en las otras delegaciones y subdelegaciones del país también hay investigadores dedicados de atender exclusivamente estas denuncias.
“Por experiencia, lo que se da más es delitos de envenenamiento hacia un animal”, relata Steeven. “Igual que cualquier otro delito, los investigadores debemos visitar el sitio, buscar testigos, ver la situación. Si el animal sobrevive o no [al envenenamiento], se le busca el apoyo para realizar una extracción de muestras para llevar al departamento de toxicología [del OIJ], en conjunto con lo que se haya detectado en el sitio. Si es un animal fallecido se le hace la necropsia; se hacen muestras de contenido estomacal, como también ciertos órganos para determinar qué fue lo que lo envenenó y si coincide con lo que tenemos en el sitio. Y bajo esta investigación ver cuál fue la persona responsable”.
Para lograr este tipo de investigación, el OIJ ha tenido que poner a disposición de las investigaciones no sólo personal como Steeven, sino también servicios como en el departamento de toxicología. Además, Steeven relata que existe un convenio firmado con la Escuela de Veterinaria San Francisco de Asís para que ellos realicen las necropsias de los animales muertos.
“Hay muchos lugares veterinarios que también brindan esa colaboración», agrega Steeven, quien además señala la importancia del trabajo colaborativo con SENASA. “Nos complementamos muy bien con ellos porque tenemos el conocimiento de investigación y policial y ellos tienen los médicos veterinarios que pueden hacer una valoración primaria in situ”.
“[La ley] sí ha tenido un impacto positivo. Va caminando. Es un proceso”, dice Juan Carlos, de la Asociación para el Bienestar y el Amparo Animal. “Hay muy pocos países en latinoamérica de los que tenemos estas normas, que han podido elevar a juicio.
“De hecho, eso se ve a nivel de redes sociales como la gente se indigna cuando se da un acto de este tipo”, agrega.“Lamentablemente, la mayoría de las personas creen que al hacer una denuncia a través de Facebook se hace algo”.
¿Cuáles son los obstáculos que ha encontrado la Ley Contra el Maltrato Animal?
“Seguimos sin presupuesto desde el 2017. Nos quedan debiendo mucho: presupuesto, personal, vehículos, un lugar a dónde llevar los animales para ser evaluados y ser atendidos”, dice Iliana, refiriéndose a la falta de seguimiento e interés del Poder Ejecutivo. “Una vez tuvimos un caso de 300 gatos. ¿Qué hace uno sin tener un lugar donde llevarlos, sin tener presupuesto para atenderlos y darles de comer?”.
Ese es el problema principal que enfrentan las instituciones que deben hacer efectiva la ley según muchas de las personas entrevistadas por El Colectivo 506. Sin embargo, agregan que a la falta de presupuesto se le suma la falta de capacitación y formación del personal encargado de estos casos.
“Se necesita presupuesto y un departamento, alguien que se encargue de esto a nivel nacional”, dice Ninuska. “Un departamento con una estructura que permita cubrir todo el país, porque no sólo hablamos del animal doméstico”.
“En el país uno sabe cuáles son las poblaciones vulnerables”, explica Iliana. “Para atender la niñez está el PANI. Para atender a las mujeres está el INAMU. Para las personas mayores, el CONAPAM. Pero resulta que en el tema de animales se le da la responsabilidad como un recargo a una institución que ya tiene una responsabilidad: si SENASA descuida la inocuidad, nos enfermamos los seres humanos”.
Como señalamos la semana pasada, el recargo que se hace a SENASA sobre asegurar la tenencia responsable de las mascotas viene de la Ley de Bienestar de los Animales y el proyecto que Iliana lidera desde el 2012. Sin embargo, como ya mencionamos, las capacidades y entrenamiento de este personal fueron creados para otro fin.
“En el 2017 le dan la responsabilidad [a SENASA], porque somos la institución con más veterinarios en el país, pero veterinarios formados para inocuidad”, explica Iliana. “No es un tema sólo de veterinario. Lo de veterinario es lo más fácil. El problema es que ese perro tiene un dueño. Hay expectativas de la persona que puso la denuncia, y ellos también deben ser atendidos. Somos buenos veterinarios—no somos trabajadores sociales”.
En el caso del gremio de los veterinarios, Ninuska explica que para un médico veterinario es posible intuir cuando un animal podría estar siendo víctima de violencia o tenencia irresponsable: “El que te viene mordido de otro perro y vuelve otra vez, y le falta un pedazo. Animales desnutridos. Uno lo va detectando”. Sin embargo, ella explica que para el Colegio de Veterinarios no existe un protocolo que les garantice su seguridad en caso de poner una denuncia.
“Necesitamos esa grada firme, que se vele por la integridad de cada veterinario, la confidencialidad de nuestro actuar”, dice. “Hay mucho miedo”.
Ninuska también explica que existe la idea errónea de que al Colegio de Veterinarios le corresponde actuar cuando hay casas de tenencia irresponsable o maltrato animal. “Estructuralmente a lo interno hay fallas. ¿Que me haya llamado a mi alguien de OIJ por el tema del perro que está ahorcado en las vías del tren? Es que yo tampoco sé qué hacer”.
“Increíble, casi cinco años de que la ley esté en vigencia, y todavía hay desconocimiento de la norma”, dice Juan Carlos de ABAA, refiriéndose a ocasiones en las que se han interpuesto denuncias ante el OIJ y la reacción ha sido insuficiente.
Steeven, del OIJ, dice que las personas a cargo de estas denuncias han sido seleccionadas no sólo por su experiencia como investigadores, sino también por su afinidad hacia las víctimas de estos delitos. Además, asegura que ellos no han sentido deficiencias.
“No hemos sentido tanto que hace tanta falta el recurso, porque tenemos gran apoyo de otras entidades”, dice Steeven, refiriéndose al trabajo con SENASA y con la Escuela Veterinaria San Francisco de Asís.
“Tiempo y experiencia”, dice Steeven cuando le pregunto qué hace falta por hacer para que la ley sea más efectiva. “Entre más tiempo y experiencia tengamos, mejor vamos a atender los casos”.
Tanto Ninuska como Iliana dicen que se necesita más que tiempo. Ambas mencionaron la importancia de crear un equipo o institución que esté dedicada a esta labor. Pero en un país con serios problemas de financiamiento del estado, que fueron agravados por la pandemia, es posible que esto no ocurra.
“Qué interesante sería un sistema como lo hacen los tráficos”, dice Iliana, mencionando una de las muchas ideas a las que han llegado cuando en reuniones del SENASA tratan de buscar una solución a la falta de recursos y de aplicación de las multas que establece la ley. “Nosotros tenemos muchas ideas, por ejemplo que las denuncias se atiendan en un call center como lo hace el SINAC. Pero para eso necesitamos plata”.
“Es mucho trabajo que debe venir de Casa Presidencial”, dice Ninuska.
“Si hubiera interés político esto se mueve, porque todos nosotros somos empleados”, dice Iliana.
¿Qué puede hacer la ciudadanía para que la Ley Contra el Maltrato Animal sea más efectiva?
El primer paso es informarse.
Ese proceso de educación comienza por conocer y reconocer las responsabilidades que la ley le atribuye a todas las personas dueñas de animales domésticos y domesticados. En un apartado anterior mencionamos lo estipulado por la Ley de Bienestar Animal en su Artículo 3, pero también se ha reportado ampliamente sobre las sanciones que las personas pueden enfrentar si no cumple con cosas como recoger las heces de sus perros y gatos en la vía pública o si crían, cruzan o adiestran animales para que sean violentos y peligrosos.
En el campo de la prevención las personas entrevistadas coinciden en que la educación de niños y niñas es clave.
“Hay que hacer campañas de concientización. Hay que llegar a las aulas de los niños. Hay que rescatar principios y valores. Hay que formar”, dice Ninuska. “Ojalá hubiese una restructuración a nivel de educación donde se hable de animales, del cuidado, de porqué de ese cuidado. De animales productivos que también merecen respeto”.
Ahora bien, las personas que quieran denunciar estas faltas y las otras violaciones al bienestar de los animales, también deben aprender a realizar sus denuncias.
“El problema adónde denuncio”, dice Ninuska, “No es en el Colegio [de Veterinarios] el que denuncia estos actos”.
Las denuncias que tengan que ver con tenencia irresponsable de animales—es decir, las faltas al Artículo 3 de la Ley de Bienestar de los Animales—deben presentarse en SENASA. Cuando hay maltrato, crueldad o muerte, debe recurrirse al OIJ.
Steeven aclara que las personas pueden optar por varias vías para presentar su denuncia ante el OIJ. Pueden realizar una denuncia formal ante el OIJ, igual que cuando se denuncia un robo o asalto en cualquiera de sus oficinas, o enviando un correo electrónico a [email protected]. También, pueden optar por presentar información de forma confidencial llamando al 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645, si quieren compartir imágenes y videos. Además ellos están en comunicación con SENASA para atender denuncias que se realizan allí pero que son de su competencia.
“No sólo actuamos bajo denuncias”, agrega Steeven, que su equipo de trabajo también investiga lo que se publica en redes sociales cuando se enteran por canales oficiales o extraoficiales.
“El ciudadano debe denunciar para crear presión dentro del Ministerio Público”, dice Juan Carlos de ABAA, quien considera que esa presión es la que obligará a los funcionarios e instituciones a conocer la norma y aplicarla.
Un mensaje claro
“Yo sigo considerando que cuando se trata de ir a presentar una queja por maltrato animal, lo ven como un cero a la izquierda, de primera entrada te dicen que esto no va a llegar a nada,” dice Isabel al final de nuestra conversación que comenzó con la historia de Campeón. Ella, como abogada, continúa presentando denuncias en los juzgados de Atenas por otros casos de maltrato animal en esa localidad.
Al igual que Juan Carlos, Isabel cree que la presión de la ciudadanía por el cumplimiento de la ley es clave, pero para eso las personas deben informarse.
“Cuando es muerte de un animal, por fuerza tiene que venir el fiscal y el OIJ y tienen que venir a hacer el levantamiento del cuerpo y hacer el acta”, dice Isabel. “Pero cuando yo llamo y pido esto, me dicen que ‘a nosotros no nos compete’. ‘Es que el fiscal dice que no, que no hace falta que se levante el cuerpo’”.
“La única manera que esto cambia, es con nosotros mismos, como lo que hizo una asociación y dijo, ‘No nos vamos hasta que llegue el OIJ’”, dice Isabel, refiriéndose a un caso reciente donde encontraron un perro muerto en un baño en condiciones insalubres.
“Esa es la única manera, que la gente exija que se cumpla su derecho a un proceso”.
Pero a partir de su experiencia con Campeón, quien no pudo ver la justicia aplicada a su agresora, ella recuerda que el trabajo de la ciudadanía debe continuar hasta el final.
“Las personas que quieren que se haga algo de verdad tienen que saber que no es sólo llamar y denunciar, y después a la hora de la hora se quitan”, dice Isabel. “El testigo que mañana se echa para atrás, en lugar de hacer una gracia hizo algo peor, porque le diste a entender a la otra persona que lo que hizo no va a tener una repercusión”.
