Es el tercer parque nacional más visitado de Costa Rica y la economía de las comunidades vecinas dependen en un 95% del turismo. Sin embargo, al momento de cierre por la pandemia, el Parque Nacional Marino Ballena tenía una orden sanitaria de cierre desde el 2016 por no tener baños ni duchas adecuadas para sus casi 200,000 visitantes anuales.
El parque protege 5160 hectáreas marinas y 171 hectáreas terrestres que corresponden a una franja costera de 15 km. Este parque es conocido por las ballenas que visitan sus aguas cada año, que lo convierten en uno de los mejores lugares en el mundo para ver cetáceos, y además porque en una de sus playas, el sector Uvita, hay una tómbola que en marea baja asemeja la cola de una ballena.
Es difícil creer que un paisaje tan icónico, un parque tan visitado, ha caminado tan cerca de caer en una crisis. Sin embargo, la devastadora “temporada cero” causada por el COVID-19 y la orden de cierre que nunca se implementó (debido a la importancia del parque para la economía local y que ahora no permitiría la reapertura en pandemia) podría haber asfixiado a estas economías locales y por ende, afectado seriamente su capacidad para contribuir a la sostenibilidad del parque.
Uno pensaría que una pandemia global solo puede agravar problemas que ya existen.
Entonces, ¿cómo es que en Bahía Ballena y en ese momento histórico sin precedentes, se encontró una nueva forma de salir adelante?
Marino Ballena antes de la pandemia
En 1989, mediante un decreto ejecutivo se trató de establecer el parque pero una acción legal lo detuvo y no fue hasta 1992 que se pudo oficializar con otro decreto. Su creación causó una enorme convulsión en la comunidad, ya que implicaba que una gran cantidad de extracción comercial que se realizaba en el mar debía detenerse, incluyendo la extracción de camarón con barcos de arrastre.
En esta zona también existía una comunidad de pescadores artesanales que dependían del aprovechamiento de los recursos marinos, y las múltiples comunidades aledañas utilizaban la playa con autonomía y libertad.
El cambio de mentalidad sobre el aprovechamiento de los recursos tomó tiempo y muchos enfrentamientos entre comunidades y autoridades.
“Ustedes están sacando la langosta donde la encuentren y el día de mañana una langosta valdrá más debajo de una piedra”, recuerda decirle a los pescadores Frank Sequeira cuando era guardaparques en Marino Ballena. “Esa langosta [bajo la piedra] se puede vender muchas veces; en el plato se vende una sola vez”.
Frank es originario de Uvita y ha sido un líder comunal activamente involucrado con la evolución del parque.
“En cuestión de cinco años la pesca de valor comercial había desaparecido y con ello había desaparecido más o menos el 70% de los pescadores”, cuenta Frank, “y aún así siguieron los enfrentamientos”.
La historia de la administración del parque nacional tiene tres etapas. Entre la fecha de su creación y 1997 el manejo del área protegida fue convulsa y llena de enfrentamientos y abandonos. En 1997, y por nueve años, una asociación comunal llamada ASOPARQUE asumió la administración y cuido del parque en conjunto con autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), hasta que en el 2006 la Contraloría General de la República declaró el comanejo entre autoridades y comunidad como ilegal. A partir del 2006, la administración del parque fue asumida nuevamente por el SINAC.
En toda esa historia, la constante ha sido la dependencia mutua entre área protegida y comunidad, pero a la vez, la historia ha sido constantemente confrontativa.
“Aquí en dos ocasiones diferentes la gente se ha molestado mucho y ha quemado la casa de los guardaparques», cuenta Marcela Sequeira, presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Uvita (ADIU).
“Esta es una comunidad que depende 100% de un área protegida y que ha crecido económicamente a partir del parque”, dice Ana Camacho, directora ejecutiva de la Fundación Somos, una organización que nace y trabaja en pro de esta zona. “La falta de visibilidad de esa simbiosis ha generado un divorcio muy inútil”.
Las líderes comunales entrevistadas aseguran que la época más organizada y próspera del parque corresponde a los nueve años bajo la administración de ASOPARQUE. Sin embargo, ese intento fue ilegal. También son claras en expresar su enorme descontento con la administración del parque.
“Somos el grupo que cuidamos el parque en la parte marina”, dice Karol Monge, presidenta de la Asociación de Tour Operadores de Uvita (ASOTU), al comentar que el SINAC no cuenta con una embarcación para patrullar las aguas protegidas. “Nosotros tenemos 40 [embarcaciones] y nos encargamos de no permitir que la gente pesque dentro del parque. Si vemos una tortuga en peligro ayudamos. Pasamos recogiendo basura”.
“En ese parque todo está malo. Todo hay que botarlo”, dice Marcela de la ADIU. “Las condiciones en las que trabajan esos funcionarios es increíble, en condiciones en las que el Ministerio de Salud ya había dicho no se puede estar”.
En tiempos pre-pandemia—según explica Cristian Masis, administrador del Parque Nacional Marino Ballena—de cada 10 turistas que ingresan a las áreas silvestres protegidas de Costa Rica, 2 visitan Marino Ballena. Sin embargo, la asignación de recursos no es consecuente.
“El sistema es un sistema solidario”, explica Cristian. “Somos más de 100 áreas protegidas, y sólo 46 cobran la visitación. De estas, cuatro generan el 80% de la visitación total de áreas protegidas en Costa Rica”, refiriéndose al Parque Nacional Manuel Antonio, Parque Nacional Volcán Irazú y Parque Nacional Volcán Poás y Parque Nacional Marino Ballena.
Cuando Cristian asumió la administración del parque a finales del 2019, sólo había nueve plazas de funcionarios asignadas para el manejo y protección de toda el área. Al día de hoy ya hay 22 plazas de funcionarios y según Cristian esto representa apenas la mitad del personal necesario que establece el plan general de manejo del parque.
Las consecuencias de la ausencia de recursos y personal dentro del área protegida no sólo materializó una orden sanitaria de cierre, sino que la playa Colonia, que pertenece al parque, se había convertido en la playa con mayor cantidad de delitos contra la propiedad.
“El turista confía mucho y cuando llega [del mar no había] nada”, dice Cristian. “Desde que se reapertura [en el 2020] no hemos tenido un sólo delito”.
Para Ana de Fundación Somos, aparte de la falta de asignación de recursos a la tercera área protegida más visitada de Costa Rica, el problema principal que vive la simbiosis disfuncional entre área protegida y comunidad tienen que ver con falta de liderazgo desde el nivel ministerial más alto, hasta el Área de Conservación de Osa. En su óptica, sólo las personas en el campo tienen una posición de consenso, pero están limitadas por la “camisa de fuerza” legal.
“En lugar de darle valor a ese discurso de desarrollo económico sostenible”, dice Ana, “lo que hace [el MINAE] es tratar de ver cómo lo limita”.
Para todas las personas entrevistadas por el El Colectivo 506, la única salida para mejorar las relaciones que agobian al parque depende de nuevas estrategias colaborativas.
“Hay que encontrar un camino para el manejo compartido fluido, porque la administración está en déficit”, dice Ana. “Ahora no hay otra salida. Hay que generar mecanismos de interacción y de financiamiento mixtos entre los privados, las comunidades y el estado”.
“Sueño con ver Servicios y Actividades No Esenciales (SANES), ese involucramiento, ese poder de autogestión”, dice Cristian, el administrador del parque. “Sueño tener guardaparques que estén atendiendo a un turista diferente y que sea la comunidad la que guíe al turista, que el mismo del hotel le diga al turista las reglas … que el guardaparque no tenga que estar haciendo control”.
La pandemia abrió una ventana
“Fue en abril del 2020, dos semanas después que cerraron el parque, que nos llamó”, cuenta Marcela. Se refiere a Cristian, quien toca la puerta de la ADIU, Fundación Somos y la Municipalidad de Osa buscando recursos para cumplir los requisitos sanitarios necesarios para una eventual reapertura del parque.
Cristian explica que la asignación de presupuestos del estado se hace con un año de antelación, por lo que el área protegida no tenía los recursos necesarios para atender una emergencia inesperada como la del COVID.
“Había que hacer todo”, dice Marcela, refiriéndose a los baños, orinales, duchas, pasillos más amplios y lavamanos. Por eso a través de la ADIU, dinero y mano de obra de origen público y privado se dirigen a la construcción de las instalaciones necesarias, y después de cinco meses de cierre, el área de Uvita vuelve a recibir visitantes.
“Les ayudamos con el protocolo, donamos toda la mano de obra para esos baños”, cuenta Karol de ASOTU. “De ahí empezaron las buenas relaciones. La pandemia nos ha venido a mejorar la relación”.
Ese trabajo en equipo hizo que en el 2020 el Parque Nacional Marino Ballena fuera el más visitado de Costa Rica, alcanzando casi la mitad de su visitación normal. Pero, ¿qué más se logró con estas nuevas relaciones?
En Noviembre del 2020 se oficializó una alianza de 13 organizaciones comunales de la zona de Uvita y Ballena, la cuál se ha convertido en el nuevo canal oficial de comunicación con la administración del parque.
Esas organizaciones son ADIU, Asociación de Guías de Bahía Ballena (ASOGUIBA), Fundación KETO, Fundación Somos, Asociación Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur (ASANA), Asociación Administradora de Sistema de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios de Uvita y Ballena (ASADA Uvita y Ballena), Viví Bahía Ballena (una agrupación de comerciantes de la zona), Asociación de Cocoteros del Parque Nacional Marino Ballena (ASOCOCO), Geo Porter, Coopeuvita R.L., Seccional Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV) de Uvita de Osa, y TurisTica.
“Ocupábamos más fuerza comunal”, dice Marcela. “Teníamos que unirnos y ver la manera que juntos podíamos lograr que las cosas avanzaran mejor”. Y aunque el trabajo de la alianza se ha concentrado en asegurar la apertura del parque, Marcela dice que la alianza espera seguir trabajando para lograr otros proyectos en la zona.
Además, las restricciones de aforo que ha traído la pandemia obligaron a ordenar otro aspecto de la relación.
Según el artículo cuatro del Reglamento de Uso Público del Parque Nacional Marino Ballena, todas las personas residentes de las comunidades de Ojochal, Piñuelas, Ballena, Bahía, Uvita centro, Playa Hermosa, La Unión y San Josecito, tienen derecho a ingresar al mismo sin pagar. Esta exoneración es única en todo Costa Rica, y se estableció como una forma de reconocer la relación preexistente entre la playa y las comunidades.
A partir del 1ro de agosto del 2021, y a petición de la administración del parque, sólo las personas identificadas con un carné entregado por la ADIU podrán hacer uso de ese beneficio. Hasta entonces el control sobre la exoneración dependía del conocimiento que tuviera el guardaparques de los miembros de la comunidad y de la palabra de los visitantes.
“Estamos imprimiendo carné desde enero”, dice Marcela de la ADIU. “Tuvimos que hacer muchas entrevistas, notas a Canal 7, todo teníamos que hacer para tratar de explicarle a la gente que lo que queremos es salvar la exoneración”.
Según Cristian, el parque exonera 25 mil ingresos de vecinos al año, lo cuál él considera que representa un aporte a la comunidad de 25 millones de colones, además agrega que los touroperadores de lanchas no pagan cabotaje.
“El parque da en término de buen vecino”, agrega.
La comunidad también ha tenido que enfrentar cambios en la manera en que visitan el parque. Desde la reapertura en pandemia, el ingreso es permitido en menos entradas de las acostumbradas, y también se ha hecho un esfuerzo por aplicar los horarios establecidos de visitación. Además, se ha impedido el ingreso de automóviles a la playa y ya no se permite acampar.
“Estamos felices con el parque. No queremos que sea una playa pública y nada más”, dice Marcela, pero también asegura que la implementación de los reglamentos, aunque es obligación de los funcionarios del SINAC, ha sido difícil de asimilar para las comunidades.
Para Cristian este ordenamiento ha traído muchos beneficios, pero asegura que la pandemia no es la causa, sino un acelerador.
“Es un proceso que se tenía que dar», dice Cristian, agregando que la pandemia ha afectado a todas las áreas protegidas por igual. “Aquí ya veníamos trabajando para esto”.
“Ellos quieren el parque, ellos quieren esa playa”, dice Ana al recordar que las comunidades, antes y durante la pandemia, han estado dispuestas a aportar económicamente para ayudar al parque. “Tienen un compromiso espiritual y se refleja en un compromiso material cada vez que el parque tiene alguna deficiencia”, agrega.
Las puertas y ventanas que queda por abrir
“Antitos de la pandemia ya estábamos empezando a trabajar bien”, dice Marcela de la ADIU. “En la pandemia nos fortalecimos un montón”.
Y esa es la conclusión de todas las personas entrevistadas por El Colectivo 506, que también concuerdan con que lo logrado es sólo el inicio.
Las mejoras que necesita el parque son muchas, en especial en el área de infraestructura. A finales de febrero del 2021 se iniciaron los trabajos de construcción necesarios, gracias a la inversión de fondos de la Junta de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR), SINAC, la Municipalidad de Osa y la Comisión Nacional de Emergencia. Con esta inversión el parque podrá contar con casas para los guardaparques, estructuras para el ingreso de visitantes, baños y duchas para los visitantes, y tiendas de la naturaleza, en la mayoría de sus playas.
Lo que sigue es ordenar, en este nuevo contexto, el manejo del área protegida.
En la actualidad una empresa consultora realiza la investigación para el nuevo plan general de manejo del parque nacional, servicio que fue donado por la Fundación Costa Rica por Siempre.
“Ya hicimos dos talleres super interesantes donde logramos que ellos escucharan a la comunidad, gracias a la alianza”, dice Marcela, quien comenta que solicitaron que el plan priorice el manejo de la visitación. “Ustedes sí necesitan a los turistas en los parques, entonces trabajemos este tema”.
El otro reto para el área protegida es establecer las concesiones de Servicios y Actividades No Esenciales (SANE) que tanto sueña Cristian.
Karol de ASOTU comentó a El Colectivo 506 que el desconocimiento de las implicaciones de esta nueva relación comercial con el parque asusta a organizaciones como la suya, pero reconoce que “el parque no está obteniendo ingresos por los servicios que se prestan”, refiriéndose al cabotaje, el uso de los baños y las área de picnic, las clases de deportes acuáticos como surf y kayak que se imparten en él.
La implementación de los SANE le permitirá al Parque Nacional Marino Ballena recibir un canon o pago como lo hace el Parque Nacional Chirripó (tema que reportamos en El Colectivo 506 en esta edición) que le permitiría tener ingresos económicos para reinvertir en infraestructura y mejoras.
A nivel de conservación, Cristian espera que se siga trabajando en el proyecto de rehabilitación de procesos de corales y la implementación de un Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENAS) que permita mejorar el trabajo conjunto comunidad-SINAC para la protección de los tesoros naturales de Marino Ballena.
Desde el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa en San José viene otro reto para esta simbiosis en recuperación. El diputado Gustavo Viales Villegas presentó en diciembre del 2020 el proyecto de ley expediente N° 22345 “Creación del Parque Nacional Marino Ballena”, buscando que el área protegida esté bajo el amparo de una ley y no un decreto.
Sin embargo, las organizaciones comunales que rodean Marino Ballena han tenido que darse a la tarea de asegurar que esa ley no ignore más de 30 años de historia y los avances gigantes de los últimos meses. Por ello, a través de la alianza de organizaciones liderada por la ADI se han hecho escuchar.
“Lo bueno es que tenemos la línea de comunicación abierta”, dijo Marcela.
